Córdoba implementó un sistema por el cual las medidas cautelares ordenadas en el marco de procesos de violencia familiar se remitirán electrónicamente a una nueva dependencia de la Policía de la Provincia de Córdoba.
Este mecanismo de notificación de medidas cautelares fue aprobado por Acuerdo Reglamentario n.° 1368 del Tribunal Superior de Justicia (TSJ) de Córdoba y su implementación se realiza gradualmente en todo el territorio provincial.
Como consecuencia de la puesta en marcha del sistema, los magistrados y funcionarios con competencia en violencia familiar y de género podrán utilizar su firma digital para enviar, electrónicamente y en tiempo real, las medidas cautelares dictadas en cada causa, a la nueva área policial.
Dicha oficina policial especializada, accederá a través del Servicio Extranet ubicado en el sitio web del Poder Judicial y remitirá en forma electrónica, esa información a la comisaría más próxima al domicilio del destinatario de la medida cautelar.
En concordancia con dichas condiciones sanitarias, el Área IDI capacitó a los integrantes de la nueva dependencia judicial, a través de videollamadas.
El personal de la comisaría preasignada notificará a la persona en cuestión y, luego, enviará la respuesta de la notificación -la que aparecerá digitalmente dentro del sistema de administración de causas (SAC)- al juzgado competente.
El funcionamiento del nuevo sistema en la sede Alta Gracia cobra mayor relevancia en el contexto sanitario actual, facilitando la tarea tanto a los operadores judiciales como policiales, redundando en un claro beneficio a la sociedad, al acortar los tiempos transcurridos entre la decisión judicial y su notificación a los involucrados.
En concordancia con dichas condiciones sanitarias, el Área IDI capacitó a los integrantes de la nueva dependencia judicial, a través de videollamadas.
Respecto a este sistema, a presidenta del TSJ, María Marta Cáceres de Bollati, expresó: “La violencia familiar es transversal e involucra múltiples aspectos, con notas y matices propios, nos encontramos compelidos a asumir el diseño de políticas consensuadas y articuladas con diversos actores, dentro y fuera del Poder Judicial, garantizando un abordaje integral de este fenómeno multifacético complejo y diverso”.