La Defensoría General de la Nación sugirió una serie de cambios al Código Penal de la Nación con el fin de combatir la violencia contra las mujeres y de incorporar un enfoque de género en el ordenamiento legal y prácticas jurídicas. Cambios en la figura de impedimento de contacto y el debate sobre el infanticidio, las propuestas destacadas.
La Comisión sobre Temáticas de Género de la Defensoría General de la Nación elaboró una serie de propuestas destinadas a las Comisiones de Legislación Penal y de Mujeres y Diversidad de la Cámara de Diputados de la Nación para la mejora de la justicia en la atención de los casos de violencia de género.
Desde el organismo expresaron que el informe tiene el objetivo de "subsanar la persistencia de sesgos de género en la redacción y aplicación de normas de orden federal y nacional." En ese sentido, la Comisión de Género sostiene que la interpretación de las leyes, que es lo que las dota de contenido, "no pueden dejar de reproducir los requisitos y contextos para los cuales han sido ideados originalmente en base a experiencias masculinas que excluyen el punto de vista de las mujeres y otros grupos históricamente subordinados".
En el documento se sostiene que "la interpretación judicial es uno de los factores fundamentales en los que hay que incidir para cambiar las prácticas discriminatorias hacia las mujeres y el colectivo LGBTIQ+ en el sistema penal".
Además de sugerir modificaciones en diversos aspectos del Código Penal de la Nación, respecto de la Ley de protección integral para prevenir, sancionar y erradicar la violencia contra las mujeres en los ámbitos en que desarrollen sus relaciones interpersonales (26.485), se señaló que la necesidad de dar respuestas específicas a ciertas manifestaciones de la violencia contra las mujeres se ve dificultada por la estructura tradicional de los procesos.
Según sostiene el texto, dicha situación también persiste en los órganos del sistema de administración de justicia que aplican la ley, "ya que no han sido pensadas para tramitar este tipo de casos". En ese sentido, se solicita "considerar nuevas formas de intervención judicial, que puedan dar respuesta integral a las situaciones de violencia contra las mujeres."
Respecto de figuras penales particulares, el documento aboga por la incorporación de una figura legal que contemple el infanticidio en los casos de mujeres que den muerte a sus hijos/ hijas, a los que actualmente se le aplica la figura del homicidio agravado por el vínculo. La Defensoría considera que existe "un castigo desmesura-do a las mujeres y otras personas gestantes acusadas por estos delitos está fuertemente anclado en estereotipos sociales, relacionados con las tareas tradicionales que ellas estarían obligadas a cumplir, en su calidad de principales encargadas de la crianza y cuidado de las niñas y niños".
Otra de las críticas giró en torno al delito de impedimento de contacto, del cual e propone su derogación por su Impacto discriminatorio por motivos de género "Por lo general, cuando se trata de parejas o matrimonios heterosexuales, la mujer es quien queda a cargo de los/as hijos/as, ya sea por de-cisión judicial, acuerdo de las partes o por la fuerza de los hechos", explica el trabajo.
Según la Comisión, la ley 24.270 "ha sido ampliamente utilizada como mecanismo de violencia, persecución y chantaje contra mujeres que habían denunciado en forma previa episodios de violencia o abusos, contra ella o contra sus hijas/os".
Por otro lado, la Comisión de Género pidió respuestas "más adecuadas para los colectivos de la diversidad sexual ante situaciones de discriminación y violencia de género con sustento en la orientación sexual de las personas, la identidad de género o su expresión que sean elaboradas a partir de sus voces y vivencias".
En el documento se sostiene que "la interpretación judicial es uno de los factores fundamentales en los que hay que incidir para cambiar las prácticas discriminatorias hacia las mujeres y el colectivo LGBTIQ+ en el sistema penal".