La justicia federal sobreseyó a dos abogados que pidieron por la aparición de Santiago Maldonado y fueron denunciados por falsa denuncia, asociación ilícita y traición a la patria por el Ministerio de Seguridad.
El Juzgado Federal de Esquel, a cargo de Guido Otranto, dictó el sobreseimiento de los abogados Carlos González Quintana y Fernando Cabaleiro, que habían sido denunciados penalmente por el ministerio de Seguridad por los delitos de falsa denuncia, asociación ilícita y traición a la patria, luego de pedir la aparición de Santiago Maldonado.
En la denuncia, el Ministerio aseguró que los letrados "utilizaron la hipótesis de la desaparición forzada para obtener cautelares contra el Estado nacional" por pedir ante la Corte Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) que el Estado encabece la búsqueda de Maldonado, que se encontraba desaparecido en la provincia de Chubut.
El juez remarcó que "resulta improbable que la denuncia internacional realizada por los investigados resulte suficiente para poner en crisis o torcer la libertad del electorado a nivel nacional; suponer una cosa de tal magnitud sería dotar al instrumento de un poder que claramente no tiene".
En su fallo, Otranto remarcó que si bien ninguno de los investigados fue llamado a prestar declaración indagatoria, lo cierto es que fueron sindicados desde un primer momento como posibles autores de varias conductas delictivas y se desarrolló una investigación en torno a ello.
En ese sentido, dictó el sobreseimiento por inexistencia de delito y, de esta manera, rechazó los argumentos de la parte demandante que sostuvo que "es evidente que uno de los objetivos buscados por los investigados mediante las presentaciones efectuadas ante el organismo internacional, fue intentar desviar el sufragio".
"Mediante tal maniobra se intentó convencer a la opinión pública que las principales autoridades del Gobierno eran 'lo mismo que la dictadura militar´, ya que tenían como política de estado la ´desaparición forzada de personas´”, se expresó en el texto de la demanda.
El juez remarcó que "resulta improbable que la denuncia internacional realizada por los investigados resulte suficiente para poner en crisis o torcer la libertad del electorado a nivel nacional; suponer una cosa de tal magnitud sería dotar al instrumento de un poder que claramente no tiene".
"En función de ello, declinar la competencia en relación a un delito que visiblemente resulta inexistente, constituye un verdadero dispendio jurisdiccional, por lo cual su suerte quedara sellada integrando el auto de mérito que se dicta por medio de la presente", detalló el magistrado al dictar el sobreseimiento.