La Legislatura de la provincia aprobó un proyecto de ley enviado por el Ejecutivo que expropia inmuebles para luego construir unidades penitenciarias y alcaidías en el conurbano.
La Cámara de Diputados de la provincia de Buenos Aires le dio media sanción al proyecto de ley que habilita al gobierno a expropiar inmuebles en varios distritos del conurbano para ser destinados a la construcción de dos cárceles y diez alcaidías. La idea fue presentado por el ministro de Justicia, Julio Alak y contó con el apoyo del Ejecutivo.
Puntualmente, el proyecto pretende adquirir siete inmuebles, que serán declarados de utilidad pública y sujetos a expropiación se encuentran ubicados en cinco distritos del conurbano provincial; dos en cada uno de los distritos de Quilmes y Moreno, y uno en los distritos de Merlo, La Matanza y Tigre.
Según se detalla en el proyecto, el Estado provincial tendrá diez años para la construcción de Unidades y Alcaidías penitenciarias y departamentales, dispuesta en el marco del Plan de Infraestructura Penitenciaria y deberán hacerse "previa consulta y acuerdo con los Municipios en que se desarrollen".
En los fundamentos del proyecto se especificó que el Servicio Penitenciario Bonaerense "afronta la superpoblación más alta de su historia y cuyo registro se encuentra por encima del cien por ciento" y "la cantidad de personas que tienen domicilio en el AMBA, y se encuentran alojadas en Unidades Penitenciarias, Alcaidías y comisarias de la Provincia, representan el 69,2% del total de la población analizada, cuando el total de plazas con la que cuenta el sistema en esa zona es del 38,7% del total".
Dichas cifras revelan que el Estado "se encuentra imposibilitado de cumplir con los umbrales mínimos que, en materia de tratamiento de personas detenidas, se comprometió a cumplir ante la comunidad internacional" y, en la actualidad, está asistiendo a “la sobrepoblación más alta de su historia”, cuyo registro se ubica por encima del 100 % de su capacidad, de acuerdo al alojamiento disponible en las 58 unidades penitenciarias y 10 alcaldías departamentales.
Según se detalla en el proyecto, el Estado provincial tendrá diez años para la construcción de Unidades y Alcaidías penitenciarias y departamentales, dispuesta en el marco del Plan de Infraestructura Penitenciaria y deberán hacerse "previa consulta y acuerdo con los Municipios en que se desarrollen".
Desde el Ministerio de Justicia también detallaron que la construcción de Unidades penitenciarias próximas a “los vínculos familiares o afectivos resultan fundamentales para evitar la desintegración de los lazos familiares o sociales, y de ninguna manera el encarcelamiento puede cercenar ese derecho”.