Esto sería así a pesar que hoy se publicó en el Boletín Oficial el decreto 161/2003, firmado por el presidente Eduardo Duhalde el 31 de enero pasado, por el cual el Poder Ejecutivo aceptó la “vía de solución amistosa” propuesta por la Comisión Interamericana de Derechos Humanos para resolver la demanda.
Sin embargo, la abogada de la Coordinadora contra la Represión Policial e Institucional (CORREPI), María del Carmen Verdú, confirmó a este diario que el decreto publicado hoy “llegó tarde, porque la oportunidad de suspender la audiencia ante la Corte Interamericana finalizó el 20 de diciembre pasado”.
Es más, la Corte ya fijó fecha para escuchar los argumentos de las partes en su sede central de San José de Costa Rica. Allí, la madre y la abuela de Walter demandarán que el Estado Argentino asuma la responsabilidad por la violación de la integridad física y el derecho a la vida y la libertad del adolescente de 17 años. Además, buscan que la Corte Interamericana obtenga del Estado argentino una “garantía” de que tal accionar policial no volverá a repetirse.
La abogada Verdú confirmó que las audiencias se realizarán del 6 al 8 de marzo próximo y enfatizó que las mismas no pueden suspenderse por el decreto publicado hoy. Pero más allá del caso específico, estas audiencias tendrán un sentido especial para las organizaciones que denuncian los casos de brutalidad policial, porque será la primera vez que la Corte analizará los patrones de violencia institucional de las distintas fuerzas policiales argentinas y las torturas y las muertes en comisarías.
Verdú enfatizó que “desde el caso Bulacio, hemos registrado miles de hechos similares”, y remarcó que la Corte tendrá la oportunidad de analizar el tema en conjunto.
Por eso, entre los testigos que ya han sido citados figura una antropóloga, Sofía Tiscornia, quien le hablará a los jueces sobre una “cultura institucional de detenciones arbitrarias que funcionan como un mecanismo de control social en la Argentina”, explicó Verdú.
También se sentarán ante los jueces la madre de Walter, Graciela Scavone, junto a Hugo Ricardo Nandin, un perito médico que postulará que los golpes que recibió Bulacio en la comisaría 38 desencadenaron su deceso, pocos días después. También hablarán ante los jueces Emilio García Méndez, un especialita en legislación sobre niños y adolescentes. Además, una perita psicóloga, Graciela Guilis, acreditará el daño psicológico que produjo la muerte del joven y la ausencia de respuestas judiciales locales en la familia directa.
El Estado, por su parte, ya había fijado en su momento sus testigos. En la lista figuran los dos jueces que en 1992 dictaron el sobreseimiento definitivo del responsable de la seccional donde estuvo detenido Bulacio, el comisario Miguel Ángel Espósito y quien fuera su abogado, Pablo Argibay Molina.
Para Verdú, los testigos oficiales revelan que para el Estado “su caso es el caso de la defensa de Espósito”. “Hay una evidente identidad de intereses”, explicó.
Un caso testigo
Así, por primera vez la Corte Interamericana tratará por primera vez un caso de violencia policial en la Argentina, por lo que, entienden los organismos que defienden a las víctimas de estos hechos, el caso Bulacio se convertirá -también en el exterior- en un “caso testigo”.
La vía para la llegada a la Corte Interamericana fue habilitada el 24 de enero de 2001, por la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), organismo que sometió el caso a jurisdicción del Tribunal por entender que se vulneraron los derechos a la libertad e integridad personal, a la vida, a las garantías judiciales, a la protección judicial, y los derechos de los niños, consagrados en los artículos 4, 5, 7, 8, 25 y 19 de la Convención Americana, por actos y omisiones de la República Argentina, en un escrito que se publica íntegro junto a esta nota.
Además, si el caso contra el Estado argentino prospera en Costa Rica, se reactivaría una causa civil que entabló la familia en busca de una indemnización de 300.000 pesos.