Mondino va contra el decreto presidencial 120/03 que le permite al Poder Ejecutivo realizar modificaciones de las tarifas de los servicios públicos sin que la iniciativa pase por el Congreso ni por las audiencias públicas.
La idea es que el último amparo solicitado por la Defensoría de la Nación recaiga en la juez del fuero Susana Córdoba, quien en diciembre del año pasado trabó el primer intento oficial de subir las tarifas de luz y gas.
“El decreto nuevo deja sin efecto una orden judicial que anulaba el anterior (2437/02)”, señaló Mondino para agregar que la modificación a la ley de Emergencia Pública 25.561 se hizo “solo a los efectos de satisfacer la pretensión de las empresas prestadoras de servicios públicos”.