Otro modo de concursar

“El país está sometido a un permanente trauma institucional, proveniente de la persistencia de un sistema de autoridades judiciales subrogantes o trasladadas que -pese a los distintos nombres que se les ponga y a los intentos de justificarlos- constituye un grave atentado al régimen constitucional de nombramiento de jueces y juezas”, comienza la nota enviada por un grupo de organizaciones civiles al Consejo de la Magistratura de la Nación.

La Asociación por los Derechos Civiles (ADC), la Asociación Civil por la Igualdad y la Justicia (ACIJ), el Centro de Estudios Legales y Sociales (CELS), el Instituto de Estudios Comparados en Ciencias Penales y Sociales (INECIP), la Unión de Usuarios y Consumidores y Poder Ciudadano elevaron una carta al órgano y reclamaron que se encare con “claridad y responsabilidad” el problema de las vacantes en el Poder Judicial.

“La subrogancia debe ser un mecanismo simple, destinado a suplencias muy cortas o relacionadas con un caso en concreto, y no para atribuir una multiplicidad de casos o los de un tribunal o juzgado completo”, señala el texto.

Las entidades explicaron que el origen de este problema se encuentra en el “modo y la duración” de los exámenes. “Es inadmisible que esos concursos duren años, se realicen por jurados no conocidos, estén sometidos a impugnaciones oscuras y que la entrevista que realiza el propio Consejo tenga un peso excesivo en la decisión final. Es indispensable y urgente cambiar este sistema”, advirtieron la organizaciones firmantes.

Recordaron que el actual artículo 7 de la ley 24.937, cuando regula las atribuciones del plenario del Consejo, deja la posibilidad de instruir a la Comisión de Selección para que “proceda a la convocatoria a concursos con anterioridad a la producción de vacantes, orientados por fuero e instancia judiciales”.

“Entre quienes aprueben el concurso previo se confeccionará una nómina, cuya vigencia será de cinco años. Dentro de dicho plazo, en función de las vacantes que se produzcan, el plenario establecerá la cantidad de ternas que deberán cubrirse con los postulantes incluidos en la nómina, por riguroso orden de mérito. Una vez conformadas dichas ternas, la vigencia de la nómina caducará”, establece la normativa en cuestión.

Al respecto, las organizaciones instaron a que el Consejo de la Magistratura convoque a “examen general para jueces y juezas de las distintas instancias y fueros, con independencia de las vacantes que ahora existen”.

También reclamaron que esos exámenes generales sean “una verdadera prueba de aptitudes de todo tipo y no una simple resolución de un caso, que además generalmente se realiza por escrito para evaluar solo la capacidad de interpretación de las leyes”, y pidieron que se evalúe diferentes aspectos, tales como su capacidad para comprender el funcionamiento dinámico de las instituciones, su compromiso con los derechos humanos y la situación de los grupos más vulnerabilizados, y su perspectiva de género.

Asimismo, requirieron que se establezca un “mecanismo transparente de análisis de antecedentes de todos los candidatos y candidatas”, como también que las impugnaciones a los resultados de la evaluación “sean decididas también por un jurado técnico independiente y no por los miembros del Consejo de la Magistratura”.

En cuanto a los jurados, las organizaciones reclamaron “jurados técnicos independientes de alta calidad y de completa dedicación al conjunto de exámenes -realizados con una periodicidad determinada- permitiendo así que adquiera mayor legitimidad el listado ranqueado que resulte del proceso de selección. Un jurado que ofrezca una integración más amplia, e incluso interdisciplinar”.

Pidieron, asimismo, que la entrevista a los candidatos sea pública y transmitida por todos los medios y las redes sociales. “De forma preliminar y en tiempo real, todas las instancias del proceso de selección y su documentación debe estar disponible en internet”, advirtieron.