La jueza federal Rita Ailán dio por incumplida la resolución Sala II de la Cámara del fuero que exhortó al Congreso Nacional a iniciar el proceso de designación del Defensor del Pueblo de la Nación.
En 2009, Eduardo Mondino renunció al cargo de Defensor del Pueblo de la Nación. Desde ese momento pasaron más de 11 año y la dependencia sigue vacante.
Organizaciones de la sociedad civil impulsaron una causa judicial que derivó, en 2016, en un fallo de la Cámara en lo Contencioso Administrativo Federal exhortando al Poder Legislativo a que de una vez por todas inicie el proceso de designación. Sin embargo, el Congreso de la Nación tampoco dio inicio al procedimiento para designar al Ombudsman.
En aquel fallo, la Sala II sostuvo que la conducta de no designar al Defensor es “una omisión contraria al mandato constitucional que se mantiene en el tiempo”, y por un lapso “que supera a la duración de la misma designación en el cargo”. De este modo, la Cámara tuvo por verificada “la existencia de una omisión antijurídica de autoridad pública de carácter manifiesta” por haberse excedido “todo plazo razonable para el cumplimiento del mandato constitucional, que lesiona y restringe en forma actual derechos y garantías reconocidas en su propio texto”.
En este contexto, el Juzgado Contencioso Administrativo Federal N° 4, a cargo de la jueza Rita Ailán, consideró que no se acató la resolución de la Sala II del fuero, por lo que intimó a que en el plazo de 10 días se cumpla con lo dispuesto en los autos “Asociación por los Derechos Civiles y otros c/EN- Honorable Cámara de Senadores de la Nación y otro s/Amparo Ley 16.986”.
En la misma línea y durante el debate por el aumento de las tarifas, la Corte Suprema también puso en conocimiento del Congreso de la Nación la necesidad de dar cobertura a la vacante y señaló que esta circunstancia "repercute negativamente en el acceso a la justicia de un número indeterminado de usuarios".
En las últimas horas, las ONG denunciaron el incumplimiento de la sentencia dictada por la Justicia y, en consecuencia, solicitaron el inicio de manera inmediata del “proceso participativo, abierto y transparente” a fin de cumplir con la obligación de designar a la autoridad de la Defensoría del Pueblo de la Nación.
En este contexto, el Juzgado Contencioso Administrativo Federal N° 4, a cargo de la jueza Rita Ailán, consideró que no se acató la resolución de la Sala II del fuero, por lo que intimó a que en el plazo de 10 días se cumpla con lo dispuesto en los autos “Asociación por los Derechos Civiles y otros c/EN- Honorable Cámara de Senadores de la Nación y otro s/Amparo Ley 16.986”.