Los jueces Marcela De Langhe, Inés Weinberg, Santiago Otamendi y Luis Francisco Lozano del Tribunal Superior de Justicia de la Ciudad de Buenos Aires fueron denunciados por un grupo de legisladores por presunto "mal desempeño y posible comisión de un delito" tras el fallo que consideró que, en el período en el que la educación no es obligatoria según la legislación nacional, no existe una obligación del GCBA de ofrecer vacantes a todos los que así lo requieran. De este modo, un grupo de legisladores porteños pidieron el juicio político y, que en consecuencia, se activen "los mecanismos que ayudarán a dilucidar el correcto proceder de los jueces que fundamentaron el desentendimiento del GCBA del deber de garantizar un derecho fundamental, como es el derecho a la educación”.