En declaraciones a Diariojudicial.com, Kiper manifestó que la intención de los miembros del Superior Tribunal de Justicia entrerriano le parecía “justa” si se tiene en cuenta los incrementos que han tenido los precios a raíz de la existencia de un cuadro inflacionario (100% en precios mayoristas).
De ese modo, el camarista se refirió a la decisión que tomaron los miembros del TSJ, quienes pidieron la aplicación de la Ley 8.069, de enganche, que prevé un ajuste de los salarios a partir del porcentaje de inflación que presente la situación económica.
Asimismo, el consejero manifestó que le genera algunas dudas la situación financiera de esa provincia y si está en condiciones de soportar ese incremento. La aplicación de la ley fue reclamada por miembros del Superior Tribunal de Justicia entrerriano y se han adherido magistrados de distintos grados y fueros.
En ese sentido, Kiper aprovechó la oportunidad para adelantar que esta estudiando reclamarle al Poder Ejecutivo que cumpla con lo dispuesto por la ley de autarquía, que prevé que éste debe darle una participación del 3 por ciento del presupuesto anual al Poder Judicial.
Al respecto, fundó el reclamo en el hecho de que se anunció que en los últimos meses el país vivió un record en la recaudación, y según explicó la parte que le correspondería a la justicia nunca fue girada.
“Nos deberían girar esas sumas que por ley nos pertenecen, y una vez que las tengamos sería el propio Poder Judicial el que debería disponer en qué y cómo usar ese dinero, lo cual no significa que lo volcaríamos a los sueldos ya que se podrían usar en otras cosas, por ejemplo para mejoras edilicias”, apuntó el juez civil.
Por su parte, desde el ejecutivo provincial entrerriano, que atacaron la medida, se teme que la iniciativa de los altos magistrados genere una catarata de amparos de parte de otros jueces y funcionarios y de los empleados de la Justicia.