Denuncias registradas

El Consejo de la Magistratura de la Nación publicará un registro de denuncias presentadas contra magistrados por situaciones vinculadas con violencia de género, en el que conste el trámite que se les imparte.

La medida surge del Acuerdo de Solución Amistosa suscripto entre el Estado Nacional y Olga del Rosario Díaz, víctima de violencia de género. Como parte de las acciones reparadoras, el país se comprometió a llevar adelante la confección de un registro público de denuncias contra jueces.

La diputada nacional y presidenta de la Comisión de Reglamentación, Vanesa Siley, fue la encargada de anunciar al plenario los avances realizados por el órgano para dar cumplimiento al acuerdo internacional. El Consejo ya tiene listo un protocolo de carga y registro, en sintonía con el Reglamento de la Comisión de Disciplina y Acusación.

Se incluirán todas las denuncias que versen sobre vulneración y afectación de derechos de mujeres y personas que integren el colectivo LGBTIQ, como también aquellas por discriminación por razones de género, inobservancia manifiesta de la normativa nacional e internacional en materia de género en el dictado de resoluciones y obstaculización mediante retardo o impedimento del acceso a la justicia.

Siley explicó que el registro contemplará los diferentes momentos de los expedientes radicados en el Consejo, es decir, desde que el juez es notificado por artículo 11 del Reglamento -para su descargo y presentación de pruebas- hasta su posible sanción o apertura del proceso de remoción ante el Jurado de Enjuiciamiento. Las denuncias desestimadas o resueltas por caducidad no van a figurar en el registro.

Se incluirán todas las denuncias que versen sobre vulneración y afectación de derechos de mujeres y personas que integren el colectivo LGBTIQ, como también aquellas por discriminación por razones de género, inobservancia manifiesta de la normativa nacional e internacional en materia de género en el dictado de resoluciones y obstaculización mediante retardo o impedimento del acceso a la justicia.

El caso “Olga Díaz”

Olga Díaz sufrió agresiones físicas, maltrato y amenazas por su entonces pareja, lo que motivó una causa penal cuyo trámite estuvo paralizado durante varios años. La mujer, que no contaba con ningún dispositivo o medida de protección a pesar de las reiteradas denuncias, fue apuñada por el hombre, quien intentó matarla.

En diciembre de 2017, la defensora general de la Nación, Stella Maris Martínez, en representación de la víctima, acudió al Comité CEDAW y denunció que el Estado no actuó de conformidad con la obligación de debida diligencia reforzada para prevenir hechos de violencia de género contra la mujer, especialmente por la falta de protección pese a que las autoridades conocían la situación de riesgo en la que se encontraba Díaz.

Argentina reconoció su responsabilidad internacional y se comprometió a realizar diferentes acciones, entre las cuales se destaca la confección del registro de denuncias y también la evaluación de conocimientos sobre cuestiones de género en los concursos para cubrir vacantes en el Poder Judicial. Esta última cuestión fue abordada por el Consejo de la Magistratura mediante la incorporación de mujeres en los jurados evaluadores, como también la obligatoriedad de la perspectiva de género en los aspirantes a ocupar cargos.

Hasta el pasado 16 de febrero, el Observatorio de Femicidios “Ahora que sí nos ven” registró 43 femicidios en 2021. Según el informe, una de cada diez víctimas había realizado una denuncia y tan sólo tres contaban con medidas de protección.