La Cámara Nacional Electoral elevó por séptima vez un oficio al Gobierno Nacional solicitando la vacunación de 2700 empleados, que se encargarían de la organización de las elecciones legislativas. Hasta el momento no ha habido respuestas por parte del Ejecutivo.
La cuenta regresiva para las elecciones legislativas comienza. A sólo cinco meses, las PASO parecen tan lejanas como cercanas. Mientras tanto, la política y la justicia parecen continuar en guerra franca: en la apertura de sesiones legislativas, el Presidente apuntó sus cañones en el discurso inaugural contra Mauricio Macri y el Poder Judicial.
2021 será un año donde el Ejecutivo tendrá dos grandes desafíos: vacunar al mayor porcentaje posible de la población –aún con los resabios del vacunagate en la espalda- y llevar adelante las elecciones de medio término en plena pandemia.
Precisamente, entre estos dos extremos oscila una de las mayores deudas del Gobierno de Alberto Fernández, que requiere ser resuelta cuanto antes, con la arena del reloj corriendo a contratiempo: vacunar a los -aproximadamente-2700 empleados judiciales que formarán parte del proceso electoral.
Esta deuda podría haber sido saldada, por lo menos, en siete ocasiones: el presidente de la Cámara Nacional Electoral, Santiago Corcuera, confirmó que elevó por séptima vez un oficio al Ministerio de Salud de la Nación solicitando la vacunación del staff que estará detrás de la organización de las PASO en agosto y las legislativas en octubre.
El último oficio elevado fue dirigido a la nueva ministra de salud, Carla Vizzotti, pero aún no ha sido respondido. La Cámara Nacional Electoral insistió en que los 2700 empleados deben ser considerados "personal estratégico” según el plan para la vacunación contra el Covid-19 que el Ministerio de Salud aprobó a fines de 2020.
Desde la Cámara Electoral consideran que la ausencia de respuestas se debe a la aún pendiente decisión del Ejecutivo y la legislatura de erradicar o llevar adelante las PASO en agosto
Corcuera insistió en sus solicitudes la vacunación de los judiciales es necesaria en tanto realizarán "tareas [que] exigen inexorablemente la realización de trabajo presencial, en circunstancias que impiden en todo momento mantener el distanciamiento previsto como medida de prevención por las directivas emitidas por la autoridad sanitaria".
Desde la Cámara Electoral consideran que la ausencia de respuestas se debe a la aún pendiente decisión del Ejecutivo y la Legislatura de suspender, atrasar o llevar adelante las PASO en agosto. En caso de no realizarse, el cronograma de vacunación de los empleados judiciales se estiraría por dos meses más, dando un colchón de aire ante el abultado calendario.
Hasta el momento solo hay dudas, rumores y un profundo reclamo al Gobierno Nacional con respecto a los judiciales, los mismos a los que Alberto atribuyó gran parte de la culpa de lo que sucede en la República Argentina.
Servini ya había reclamado también
Ya en el mes de febrero, la jueza federal porteña con competencia electoral había exigido que se inocule de manera “urgente” a los agentes judiciales que intervendrán en el inicio del proceso electoral de cara a las PASO. Le pidió al Gobierno que se vacune en forma inmediata a los funcionarios judiciales que intervendrán y establecerá esa inoculación como condición para el comienzo del armado del proceso para las Primarias Abiertas Simultáneas y Obligatorias. Hasta ahora no han tenido respuestas del Ministerio de Salud respecto al proceso de vacunación para el personal que llevará adelante las PASO, el 8 de agosto de este año.
Todos quieren la vacuna
Por su parte, el Ministerio Público Fiscal en una de sus últimas resoluciones, la PGN N° 3/21 de fines de enero, ya había solicitado al Ministerio de Salud de la Nación ser incluidos en el "plan estratégico de vacunación en marcha respecto del personal de justicia de turno considerado esencial por decisión del Poder Ejecutivo Nacional” (art. 6, inc. 3 DNU 297/2020).