En un plenario extraordinario, el Consejo de la Magistratura aprobó la creación de un registro de denuncias contra magistrados por situaciones vinculadas a violencia de género. También se evaluará una auditoría para relevar el trámite y desarrollo de este tipo de causas.
El Consejo de la Magistratura de la Nación votó a favor de la creación de un registro de denuncias contra magistrados por situaciones vinculadas a violencia de género y, además, se evaluará una auditoría para relevar el trámite de este tipo de causas en el ámbito de la justicia. También se aprobó un nuevo régimen de licencias por nacimiento y cuidados.
El plenario extraordinario fue especialmente convocado por el "Día Internacional de la Mujer", por lo que el temario incluyó iniciativas para incorporar la perspectiva de género en la Justicia argentina. “Es un flagelo que atraviesa a nuestro país. La agenda de género es trasversal en este Cuerpo”, afirmó el presidente del Consejo de la Magistratura, Diego Molea, quien además destacó el trabajo realizado por las consejeras mujeres.
Según el último informe de la Oficina de la Mujer de la Corte Suprema, las mujeres ocupan solo el 31% de los cargos máximos del sistema de justicia argentino. Son mayoría en el funcionariado, pero sólo el 44% accede a un cargo de magistratura, procuradora, fiscal o defensora.
Al respecto, la diputada y consejera Graciela Camaño resaltó el “inmenso el desafío por delante”, y advirtió: “Se necesita que hombres y mujeres cambiemos de mentalidad que arrastra una cultura de siglos”.
“Las convenciones definen discriminación, caracterizan a la violencia como grave violación a los Derechos Humanos, reconocen el derecho de la mujer a una vida libre de violencia. La obligación estatal para prevenir, investigar y sancionar la violencia basada en el género tiene que ser nuestra base de trabajo de cada día”, agregó el consejero-juez Alberto Lugones.
Régimen de licencias
En primer lugar se votó la incorporación de las licencias por procedimientos y técnicas de reproducción humana asistida (THRA) y por interrupción del embarazo. También se actualizó la licencia por nacimiento -incluyendo los casos de nacimientos múltiples, de niño/a con discapacidad, prematuro o que el recién nacido debiera permanecer en neonatología- y por adopción para el personal del organismo.
Un informe de la Dirección General de Políticas de Género del MPF reveló que un 67% de las agentes manifestaron que la maternidad tuvo algún impacto sobre el desarrollo profesional, mientras que los varones sólo lo hicieron en un 33%. Además, con respecto a los aspectos en los que se evidenciaba esa afectación, las mujeres hicieron foco en las posibilidades de formación y capacitación laboral y en el tiempo disponible para dedicar a la carrera profesional.
Desde el Consejo de la Magistratura explicaron que se impulsará este proyecto ante la Corte Suprema de Justicia, a los fines de que se extienda a todos los empleados y funcionarios del Poder Judicial.
Registro de denuncias
Luego, el plenario avaló la creación del “Registro de denuncias contra magistrados/as por situaciones vinculadas a violencia de género”, que surge de un acuerdo amistoso internacional suscripto entre el Estado Nacional y Olga del Rosario Díaz, víctima de violencia de género.
Díaz sufrió agresiones físicas, maltrato y amenazas por su entonces pareja, lo que motivó una causa penal cuyo trámite estuvo paralizado, sin contar con ningún dispositivo o medida de protección. El 24 de marzo de 2017, su ex pareja la apuñaló. Tras el ataque, la defensora general de la Nación, Stella Maris Martínez, en representación de la víctima, denunció al Estado ante el Comité CEDAW por no haber actuado de conformidad con la obligación de debida diligencia reforzada para prevenir hechos de violencia de género.
El registro contemplará los diferentes momentos de los expedientes radicados en el Consejo, es decir, desde que el juez es notificado por artículo 11 del Reglamento -para su descargo y presentación de pruebas- hasta su posible sanción o apertura del proceso de remoción ante el Jurado de Enjuiciamiento, con el resultado final.
Argentina reconoció su responsabilidad internacional y se comprometió a realizar diferentes acciones, entre las que se encuentra el registro de denuncias. Será público y estará disponible de modo online. Se incluirán aquellas denuncias por "vulneración y/o afectación de derechos por actos discriminatorios, inobservancia manifiesta de la normativa nacional e internacional en materia de género en el dictado de actos procesales y la obstaculización mediante el retado e impedimento en el acceso a la justicia".
El registro contemplará los diferentes momentos de los expedientes radicados en el Consejo, es decir, desde que el juez es notificado por artículo 11 del Reglamento -para su descargo y presentación de pruebas- hasta su posible sanción o apertura del proceso de remoción ante el Jurado de Enjuiciamiento, con el resultado final.
En este sentido, la diputada Camaño recordó a Lucia Pérez, María Cash y Úrsula Bahillo como algunos de los tantos casos judiciales que aún no tienen resolución. “Hoy es un grito de no rendirse y de pedir que se cambie la mentalidad. Nosotros no somos propiedad de nadie, somos tan libres como cada uno de los hombres que camina sobre la faz de la tierra. Queremos igualdad de trato, paridad y oportunidad”, dijo.
Monitoreo a juzgados y tribunales
Por último, el pleno trató una propuesta de auditoría de los procesos que involucran cuestiones de violencia de género, con el objetivo de "elaborar políticas públicas que garanticen una protección integral e eficiente” de las víctimas.
Molea explicó que es necesario realizar un “diagnóstico” mediante un “plan de auditoría para el relevamiento y gestión sobre el trámite de causas judiciales vinculadas a situaciones de violencia de género en el ámbito de la justicia”. La propuesta será girada al Cuerpo de Auditores para que eleven un proyecto de trabajo que abarque desde el año 2018 a la actualidad.