Los tres poderes del Estado adhirieron al programa "Santa Fe+Justicia", que contempla una serie de reformas estratégicas para mejorar al acceso al servicio. Uno de los cambios más significativos es la incorporación del fuero Contencioso Administrativo y la creación de juzgados de pequeñas causas.
La Corte suprema, la Legislatura y el Ejecutivo firmaron el acta de “Santa Fe + Justicia", un programa que tiene como premisas la inclusión e integración ciudadana junto con el mayor acceso a la justicia e información ciudadana.
El programa detalla siete aspectos fundamentales como la Informatización y digitalización del Poder Judicial, que contempla “la conectividad, como herramienta para el acceso a la justicia en la geografía provincial, resultará vital para fortalecer, mejorar y hacer crecer a la justicia comunitaria.
Este punto “debe ser acompañado, no sólo en las áreas civil, comercial y laboral, sino encararse seria y definitivamente en el proceso penal, en su enlace con el Ministerio Público de la Acusación y del Servicio Público de Defensa Penal”.
También habla de la información ciudadana para “paliar la dispersión entre la información ciudadana y estatal, de registros sobre datos humanos y sobre bienes gestionados desde distintas oficinas y jurisdicciones estatales”. EL desafío es consolidar una unidad de organización que contenga todos los datos que instruya el Estado en sus diversos quehaceres, ámbitos y jurisdicciones para concentrar no sólo su acción sino una más fácil y ágil acceso a la información.
Otro punto importante es el que habla del Código Electoral y otro que consolide los Procesos Constitucionales, que “tiene que ver con la carga que tiene cada uno de ellos en participar en los procesos electorales, para conformar sus propios gobiernos, lo cual requiere contar con una normativa ordenada, actualizada y única en relación a la regulación de la organización de las elecciones provinciales y las características de la participación política de la ciudadanía”.
Finalmente, el documento hace referencia al Código Procesal Penal Juvenil, Ley de Ejecución Penal y una ley de Víctimas de delitos atendiendo la perspectiva de género, teniendo en cuenta “el sostenido incremento de hechos delictivos, muchos de ellos protagonizados por jóvenes entre 16 a 18 años de edad”.
“Ante esta realidad, el Estado debe asumir un doble rol: contar con una normativa acorde a la justicia penal adolescente que reconozca sus derechos y garantías del debido proceso a quienes se acuse de haber participado en la comisión de una infracción a la ley penal, y asegurar que el cumplimiento de la pena se desarrolle dentro de los parámetros que fija la convención de los Derechos del Niño, Niña y Adolescentes”, señalaron.