Pero, la acordada número 1 de la Corte ya tuvo sus efectos en los otros tribunales de segunda instancia, ya que ni bien se notificaron de lo decidido por el alto cuerpo de justicia la Cámara de Apelaciones del Trabajo convocó a un plenario a realizarse mañana en donde se tiene previsto debatir respecto de lo dispuesto por los ministros.
El dato fue confirmado, a DiarioJudicial.com, por una camarista del trabajo que reveló que según los cálculos que se hicieron entre los vocales se llegó a estimar que como mínimo cada una de las 10 salas recibirá por lo menos 1000 causas.
Por su parte, el camarista Civil Claudio Kiper, manifestó a este medio su desacuerdo con la medida de la Corte, pero reconoció que por el momento la tendrán que cumplir dado que es “una disposición de la Corte y como tal se tiene que respetar”.
En ese sentido, el camarista y miembro del Consejo de la Magistratura afirmó que no estaba de “acuerdo” ya que entendía que el hecho de “mover expedientes de un lado a otro no era la verdadera solución” que amerita éste caso.
Asimismo, aclaró que en las salas de la Cámara “no hay lugar” para almacenar expedientes, al tiempo que expresó que, si el edificio en donde están asentadas las salas tienen un gran flujo de gente, con los expedientes del corralito “el tema será más perjudicial para todos”.
Para el vocal de la sala Civil H la medida que tomó la corte no beneficiará a nadie “ni al fuero Civil ni al Contencioso Administrativo” y agregó que hubo algunas presentaciones de esa cámara con la intención de evitar una medida de este tipo, pero que por lo visto no tuvieron eco.
En su acordada, la Corte además dispuso que las secretarias que colaborarán con el Contencioso, dependerán para los temas relacionados con el corralito, de las correspondientes salas de ese fuero de donde partieron las causas.
En el punto tres del acuerdo, se remarca que los presidentes de las alzadas comprometidas deberán concordar, con la mayor celeridad posible, la cantidad de causas y el modo en que tomarán intervención en este tema y deberán comunicar la resuelto antes del 28 de febrero próximo.
Con esta medida, la Corte hizo lugar al pedido que había formulado el 26 de diciembre la Cámara en lo Contencioso Administrativo en donde había dispuesto que se dejaría de recibir expedientes ante el fuerte colapso en el que se estaba, dada la cantidad de los mismos.
Los ministros al tomar la medida coincidieron en que debía ser subrayado que “frente a una situación como la examinada se verifica un impedimento insuperable para terminar causa judiciales en donde se encuentra en juego la necesidad de tutelar una garantía estructural reconocida en la Ley Suprema”.
De ese modo, el nuevo presidente de la Cámara, Pablo Gallegos Fedriani, logró una decisión favorable de la Corte Suprema, pero se tendrá que ver en que forma repercute en los otros tribunales de alzada.