La revolución de las mamis

En forma unánime la Cámara de Apelaciones en lo Contencioso Administrativo, Tributario y de Relaciones de Consumo de la ciudad de Buenos Aires, que integran los jueces Nieves Machiavelli, Marcelo López Alfonsín y Alejandra Perugini, ordenó que hoy lunes se retomen las clases presenciales en la Ciudad de Buenos Aires, contradiciendo del Decreto de Necesidad y Urgencia emitido por el Gobierno Nacional el viernes pasado

La decisión que el jueves había hecho pública mediante un mensaje de cadena nacional el presidente Alberto Fernández generó las protestas de miles de padres y alumnos y la reacción inmediata del gobierno de la Ciudad de Buenos Aires, que estaba decidido a mantener la presencialidad pese al aumento número de contagios de coronavirus, apoyado en estadísticas que indicaban que en dos meses de concurrencia a clases se habían contagiado menos del 1% de los alumnos y docentes.

El Gobierno Nacional adelantó que va a apelar la decisión de la Justicia porteña, sin embargo, no está constituida como parte en el expediente, por lo que no podría apelar la decisión del tribunal, ya que solamente pueden hacerlo las partes que forman parte de la causa.

Sin embargo, el Estado Nacional de alguna manera recibe una limitación a un decreto emanado del Poder Ejecutivo de ahí su agravio. Quedará entonces a criterio de la Justicia aceptar o rechazar el intento de apelación. Al tenor de lo resuelto por la Corte admitiendo la instancia originaria sobre la misma cuestión, la apelación derivará en un pedido de nulidad de todo lo actuado.

Los amparos habían sido presentados por un grupo de docentes nucleados en la ONG Abramos las Escuelas y el espacio Centro de Estudios de Políticas Públicas. La fiscal ante la Cámara de Apelaciones de la Ciudad, Karina Cichero, había resuelto favorablemente el pedido de las dos entidades.

La parte actora solicitó una media cautelar por la cual se ordene la suspensión del artículo 2° del DNU PEN 241/2021 y cualquier otra medida dictada en consecuencia y se ordene al Estado Nacional que se abstenga, hasta tanto se dicte sentencia definitiva, a poner en ejecución ese Decreto.
 

el Decreto sancionado por el Poder Ejecutivo nacional, en su artículo 2°, párrafo tercero, vulneraría en forma directa la autonomía de la Ciudad de Buenos Aires y su poder de policía, respecto de materias específicamente locales, como es el derecho a la educación

Ello, en el marco de la acción de amparo que inició “…contra el Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires y el Ministerio de Educación e Innovación (…) contra el decreto DECNU-2021-241-APNPTE, emitido por el Poder Ejecutivo Nacional, con fecha 15 de abril de 2021, y todas las disposiciones reglamentarias y/o complementarias dictadas o que se dicten en su consecuencia”.

Para la Cámara “el Decreto sancionado por el Poder Ejecutivo nacional, en su artículo 2°, párrafo tercero, vulneraría en forma directa la autonomía de la Ciudad de Buenos Aires y su poder de policía, respecto de materias específicamente locales, como es el derecho a la educación”.

Para la Justicia “el Decreto sancionado por el Poder Ejecutivo nacional, en su artículo 2°, párrafo tercero, vulneraría en forma directa la autonomía de la Ciudad de Buenos Aires y su poder de policía, respecto de materias específicamente locales, como es el derecho a la educación”.

“Nuestro Estado federal establece, reconoce y garantiza la autonomía provincial y de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, reservándose ciertas materias sobre las cuales dichas jurisdicciones locales han delegado al Estado Nacional. La educación no es una de ellas”.
 

El nuevo round se pelea en la Corte

A pesar de la decisión favorable de la Justicia de la Ciudad, los padres saben que la batalla final se librará en la Corte. El Máximo Tribunal, que en teoría no tiene plazos, se vio obligado a no demorar el tratamiento del tema a raíz de este fallo de la Cámara de Apelaciones en lo Contencioso Administrativo, Tributario y de Relaciones de Consumo de la ciudad de Buenos Aires.

Así, empujada por la ciudadanía, avisó que durante esta semana se iba a tomar la decisión de fondo mediante un “proceso sumarísimo” que está previsto en el Código Procesal Civil y Comercial.. Enterados de esto varias asociaciones de padres convocaron para el martes a 10 am frente al Palacio de Tribunales, sede de la Corte, a manifestarse en defensa de las aulas abiertas.

El Máximo Tribunal dijo que el caso es de su “competencia originaria”  y le corrió vista de la acción de inconstitucionalidad al Poder Ejecutivo Nacional para que conteste los argumentos esgrimidos por la Ciudad de Buenos Aires.

En forma paralela Carlos Zannini, el procurador del Tesoro de la Nación acudió a la Justicia en lo contencioso administrativo federal para conseguir un amparo, en este caso en la Justicia Federal, para que respalde el decreto de Alberto Fernández que decidió suspender las clases a través del DNU 241/2021.

Adenás los legisladores porteños del Frente de Todos denunciaron a los camaristas que autorizaron el reinicio de las clases presenciales en la ciudad. Se presentaron ante el Consejo de la Magistratura de la Capital argumentando que el fallo era “temerario”, Según ellos los jueces López Alfonsín, Perugini y Macchiavelli habrían incurrido en “mal desempeño de sus funciones”.

En el mes de febrero, los ministros de Educación de todas las provincias acordaron priorizar la presencialidad en las clases y que, de ser necesario, las escuelas fueran lo último en cerrar. Pocos días después, el Poder Ejecutivo decidió cerrarlas mediante un DNU.