La Asociación de Magistrados de La Plata envió una carta a la Suprema Corte solicitando la suspensión por quince días de la presencialidad ante el aumento de casos de COVID-19 en la región.
La Plata se ha convertido en las últimas semanas en el escenario con mayor índice de contagios y propagación de coronavirus. Los tribunales no han sido ajenos a esta situación, y ante la ola de infectados en los pasillos judiciales platenses, el Presidente de la Asociación de Magistrados y Funcionarios de La Plata, Enrique Catani, dirigió una carta a la SCBA solicitando la suspensión por quince días de las actividades presenciales para el personal de justicia, “a excepción de los estrictamente imprescindibles”.
En diálogo con Diario Judicial, Catani manifestó que los fundamentos del pedido “ tienen que ver con el alarmante aumento de casos en el país pero sobre todo en la región de La Plata y Gran La Plata, que se ha transformado en el último tiempo en la zona con mayor circulación del virus en la República”.
“Desde el punto de vista del trabajo judicial estamos en un momento muy diferente al que era cuando comenzó la pandemia hace un año"
“Por eso también nosotros, si bien a través del colegio de magistrados de Provincia hemos hecho muchas gestiones con la Corte decidimos también pedir una medida excepcional para nuestro departamento judicial. Una medida que restrinja prácticamente por completo las actividades presenciales” expresó.
“Desde el punto de vista sanitario la situación es tremendamente preocupante en los tribunales. Hay muchísimos/as trabajadores/as judiciales, funcionarios/as, magistrados/as contagiados” afirmó Catani, quien opinó que “desde el punto de vista del trabajo judicial estamos en un momento muy diferente al que era cuando comenzó la pandemia hace un año, porque el Poder Judicial provincial ha adquirido muchas herramientas telemáticas, y se ha adaptado a ellas, y tiene una muy buena perfomance en materia de trabajo remoto. Mucho mejor que el que tienen otras jurisdicciones del país como por ejemplo la justicia nacional”.
“En ese sentido nos parece una medida muy adecuada en términos sanitarios y que no causaría un costo muy grande en materia de demora de los trámites judiciales, porque estamos muy avanzados en la mayoría de los fueros en digitalización” concluyó.