Luego de la participación de Soria ante el plenario de Comisiones de Diputados, el INECIP emitió un comunicado en donde pidió los ejes de la reforma "deben ser claros y direccionados hacia el fortalecimiento del Ministerio Público Fiscal"
El ministro de Justicia y Derechos Humanos, Martín Soria, se presentó el lunes ante el plenario de las comisiones de Justicia y de Asuntos Constitucionales de la Cámara de Diputados para debatir sobre la modificación de la Ley Orgánica del Ministerio Público Fiscal y sus cambios con respecto al procurador general de la Nación.
Luego de su participación, el Instituto de Estudios Comparados en Ciencias Penales y Sociales (INECIP) emitió un comunicado, titulado "Reforma del Ministerio Público Fiscal: lo urgente, lo necesario y lo importante" donde destacó que el debate sobre la reforma "se trata de una discusión impostergable, de una centralidad política e institucional de enorme magnitud".
"Nos encontramos frente a una coyuntura que exige de un esfuerzo muy concreto: toda reforma que se haga de la norma debe buscar fortalecer al Ministerio Público Fiscal, y por ende a la figura de Procurador/a, que, además de conducir al organismo encargado de definir la política criminal, también tendrá la tarea de implementar el Código Procesal Penal Federal en todo el país", expresaron desde la reconocida entidad.
Para el INECIP la propuesta plantea un acierto indiscutible, el necesario establecimiento de un mandato temporal para el cargo de Procurador/a, "reclamo histórico de la sociedad civil en nuestro país".
Los firmantes advirtieron que también se avanza en la modificación de las mayorías exigidas para su designación, pasando de 2/3 a una mayoría absoluta. "En varias oportunidades, desde el INECIP hemos planteado la inconveniencia de reformar las mayorías exigidas, entendiendo que una reforma de este tenor puede socavar la legitimidad de quien debe gestionar intereses sociales dinámicos y cambiantes", alertaron.
En ese marco, agregaron que "la continuidad de un Procurador provisorio, así como tantos jueces y fiscales en iguales condiciones, o el mantenimiento de funcionarios de importancia en condición de interinos, demuestra una grave incapacidad de nuestra dirigencia para establecer los acuerdos necesarios en cargos de gran trascendencia. Lo que debe resaltarse es que este tipo de designaciones no son privilegios de la dirigencia sino una obligación fundada en la sana representación política".
"El aligeramiento de las mayorías especiales podría ser considerado como mal menor siempre que efectivamente permita salir de esta encrucijada. Si, por el contrario, es utilizado para nombrar un nuevo “interino” ello constituirá un claro debilitamiento de la institución", sostuvieron.
Finalmente, afirmaron que "los ejes de la reforma deben ser claros y direccionados hacia el fortalecimiento del Ministerio Público Fiscal, generando dispositivos para dotar de legitimidad a la institución y la figura del Procurador en particular. Toda discusión debe quedar enmarcada en esos fines".