Siete personas fueron imputadas por utilizar distintas empresas que prestaban el servicio de caja de seguridad y ofrecían a sus clientes el depósito de dinero a plazo mediante pago de intereses, para luego utilizar esos fondos para préstamos y créditos, sin contar con la autorización del Banco Central de la República Argentina. Carlos Gonella, titular de la Fiscalía General N°2 ante el Tribunal Oral en lo Criminal Federal N° 2 de Córdoba, pidió este lunes penas de tres años de prisión en suspenso y una multa de más de cien millones de pesos para cada acusado en un juicio por intermediación financiera no autorizada, agravada por la habitualidad y por su publicidad en medios masivos de comunicación. De acuerdo con la acusación, en todos los hechos la modalidad fue siempre la misma: en alguna de las tres firmas que integraban (BACAR Traca SRL, Compañía Barrera S.A.y Blicen S.A., todas con domicilios en el barrio centro de Córdoba capital) persuadían a los clientes para que, bajo la figura simulada de un contrato de caja de seguridad, depositasen su dinero en la empresa a plazo a cambio del pago de intereses notoriamente más altos que los de las instituciones autorizadas por el Banco Central.