22 de Noviembre de 2024
Edición 7097 ISSN 1667-8486
Próxima Actualización: 23/11/2024

Otro fuero en llamas

La justicia de Ejecución Penal se acerca lentamente a un colapso ya que no cuentan con las condiciones edilicias para atender miles de causas que llegan diariamente.

 
Los tres juzgados de Ejecución Penal están atravesando una difícil situación dado que en la actualidad cada uno de ellos esta trabajando sobre un promedio de 10 mil causas al tiempo que le deben dar atención con urgencia a los casos de por lo menos 1000 presos, lo cual genera caer en atrasos dada la imposibilidad de cumplir con la tarea de impartir justicia.

Diariojudicial.com mantuvo contactos con los funcionarios de los juzgados, quienes no dudaron en afirmar que siempre fueron “olvidados por el Poder Judicial”, que según opinaron siempre les dió más celeridad a “los reclamos de los otros fueros”.

En ese sentido, expresaron que en la actualidad los tres juzgados comparten el espacio físico de uno sólo, lo que provoca que las condiciones laborales no sean las aptas no por las condiciones edilicias sino por la falta de capacidad para almacenar los distintos expedientes.

Quienes allí trabajan a diario, manifestaron que es casi “imposible” circular por cada uno de los juzgados dado las pilas de expedientes, que enfatizaron, genera serias dificultades a la hora de intentar circular por las oficinas de los mismos.

Asimismo, se mostraron esperanzados de que a mediados de año los juzgados se muden a un edificio ubicado en Alsina y San José en donde aparentemente los tres tendrían el lugar físico requerido y reclamado.

Además, informaron que se presentaron sendos reclamos denunciando la situación tanto en la Corte Suprema de Justicia como así también en la Cámara de Casación Penal, su tribunal de alzada de origen, pero enfatizaron que los mismos tuvieron “poca repercusión”.

Igualmente mencionaron que a partir de hoy cada juzgado recibirá la colaboración de cinco empleados más, los que intentarán con su presencia colaborar en superar el atraso de cinco meses que tienen en la resolución de los distintos expedientes que llegan.

Sobre la celeridad de los distintos casos indicaron que por el momento se intenta dar mayor importancia a los casos de las personas condenadas, que son las de mayor urgencia, pero revelaron que eso genera que los otros temas que llegan presenten retrasos en sus resoluciones. Entre las tareas que presentan mayores demoras se encuentran los temas relacionados con las salidas transitorias, enfermedad, pena de multa, medidas de seguridad y suspensión del proceso a prueba entre otras.

Recordemos que entre las competencias atribuidas por el Código de Procedimientos Penal de la Nación Argentina se destacan las de controlar que se respeten las garantías constitucionales y tratados internacionales ratificados por la nación, en el trato otorgado a los condenados, presos y personas sometidas a medidas de seguridad.

Según ese cuadro normativo, se debe controlar el cumplimiento por parte del imputado de las instrucciones e imposiciones establecidas en los casos de suspensión del procedimiento a prueba como así controlar el cumplimiento efectivo de las sentencias de condena dictada por el Poder Judicial de la Nación. Para cumplir tal fin la ley 24.121 creo los cargos de un equipo interdisciplinario compuesto por dos médicos, psiquiatras, psicólogos y cuatro asistentes sociales, sin embargo fuentes judiciales revelaron que como la Corte no proveyó la partida presupuestaria y por ende se encuentran sin abrir los puestos.



dju / dju
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