Tras las detenciones, el fiscal reclamó que no se las excarcelara, porque -según indicaron fuentes judiciales en ese momento- pensaba que podían ser la punta de un ovillo mayor que, según publicó en su momento el diario Clarín, podía incluir a “funcionarios judiciales del fuero penal económico”.
Estas declaraciones motivaron que varios jueces de ese fuero le enviaran en los últimos días una carta documento al fiscal Marijuán, donde le pedían que aclarara el alcance de la hipótesis atribuida a él.
Según confirmó el mismo fiscal a periodistas acreditados en Comodoro Py 2002, ya contestó esa intimación mediante un oficio dirigido a los jueces de ese fuero. En esa nota dejó en claro "que las expresiones que lucen en la publicación del diario "Clarín" de fecha 12/02/03 y que se me atribuyen no me pertenecen. No me expresé en ese sentido en ningún momento".
En la misiva dirigida a los jueces, Marijuán precisa algunos puntos del malentendido "para no abrigar duda alguna sobre mi comportamiento".
“En ningún momento se vinculó a magistrados o persona alguna del fueron Penal Económico”, aclaró el fiscal y explicó que además de los ya procesados, “se investiga la conducta de otros tres funcionarios de la AFIP”, por hechos similares.
Hasta ahora, los investigadores judiciales darían por probado que los imputados intentaron coimear a la dueña de las peluquerías D’Antuan a cambio de favorecer su situación ante la justicia en una causa por evasión impositiva que llegaría a los cuatro millones de pesos. Los procesados son dos funcionarias de alto rango de la AFIP, Graciela Bisgarra y Graciela Ricciardi y el esposo de ésta, Agustín Nápole. A los tres se les imputa el delito de “exacciones ilegales”.
Para “dormir” el expediente y favorecer a la empresa en el dictamen que la AFIP debe elaborar para fijar la pretensión fiscal, las inspectoras -que fueron suspendidas hasta tanto se resuelva su situación procesal definitiva- pidieron el 10 por ciento de la deuda, pero fueron sorprendidas cuando cobraban los primeros 25.000 pesos.