Por un lado, ayer, Marijuán se opuso a la libertad de las dos inspectoras de la AFIP, Graciela Bisgarra, Graciela Ricciardi y Agustín Nápole, esposo de la segunda, por entender que debían ser procesados por “coacción agravada y asociación ilícita”.
Sin embargo, el juez Rodolfo Canicoba Corral decidió dejar a los tres detenidos en libertad, aunque los procesó con máxima celeridad por el delito de “exacciones ilegales”, que tiene una escala penal que permite otorgar la excarcelación.
Pero hoy el fiscal volvió a la carga y pidió que se investigue todas las inspecciones realizadas bajo la supervisión de las mujeres en los últimos tres años. No será una tarea fácil, ya que los dos son jefas de división en la AFIP. Bisagra estaba a cargo interinamente de la División Jurídica Zona Centro del organismo y Ricciardi revistaba al frente de Requerimientos Judiciales.
De la misma fiscalía había partido ayer un dato que explica esta movida, que aún no tiene respuesta del juzgado de Canicoba Corral: para el fiscal, las dos mujeres serían la punta visible de una “red de corrupción” en el organismo. Lo que el fiscal buscaría establecer es si hubo o no otros casos en manos de las dos procesadas que no llegaron a la etapa de la denuncia judicial.
Siempre según la dueña de las peluquerías D’Antuan, las funcionarias le pidieron una coima del 10 por ciento del monto de una evasión tributaria que ascendería a 4 millones de pesos a cambio de planchar la judicialización del caso.
Por otra parte, la idea que según el diario Clarín, tendría el acusador en su cabeza: “El fiscal cree que ésta podría ser "la punta" de una red de corrupción que englobaría no sólo a otros funcionarios de la AFIP sino también a juzgados del fuero Penal Económico” causó profunda irritación en el seno de ese fuero, que en su mayoría espera que el fiscal de prontamente los nombres involucrados en sus creencias. De lo contrario “sería un mamarracho”, opinó uno de los jueces de Retiro.