La Justicia pospandemia

Este viernes finaliza la Feria Judicial de invierno en el Poder Judicial de la Nación y, en consecuencia, las dependencias de todo el país se preparan para retomar la actividad habitual.

En este escenario, algunas Cámaras Nacionales y Federales requirieron información sobre la nómina de personal vacunado contra el COVID-19, para avanzar con el regreso a la presencialidad. Esta medida va en sintonía con lo resulto por algunos Poderes Judiciales provinciales en relación a la convocatoria de trabajadores –incluyendo los de riesgo- a reintegrarse a sus funciones, aunque no hayan completado el esquema de inmunización.

La Unión de Empleados de la Justicia de la Nación (UEJN) envió una nota a la Corte Suprema de Justicia solicitando que se expida respecto al criterio que se va adoptar en el ámbito de su competencia respecto a las convocatorias, para “evitar interpretaciones disímiles que lesionen la integridad psicofísica de los judiciales”.

El gremio de los judiciales advirtió que resulta “imprescindible sentar un criterio unívoco para garantizar la protección” de todos los trabajadores, y destacó que “el regreso a la presencialidad debe ser progresivo, responsable y sumamente prudente en cuanto a los criterios de protección que se deben garantizar”.

Requirieron, en este sentido, que se establezcan una serie de pautas, como el regreso a las tareas en forma presencial solamente de quienes hayan recibido al menos una de las dos dosis de cualquiera de las vacunas autorizadas, pasados 14 días de la inoculación. A su vez, el gremio de los judiciales pidió que aquellas personas que integren los grupos de riesgo sean convocadas recién cuando reciban la segunda dosis.

Sobre este último punto, la UEJN señaló la elevada y persistente cantidad de contagios y el avance de las nuevas variantes del virus, como también el alto número de personas que aún aguardan la segunda dosis de la vacuna junto con las “graves deficiencias estructurales que padecen la casi totalidad de los inmuebles que componen la justicia”. Según datos del Ministerio de Salud, actualmente se han aplicado 30.230.385 dosis, lo que representa un total de 24.096.445 personas que recibieron la primera dosis y sólo 6.133.940 las que completaron el esquema.

Desde el gremio coinciden sobre la necesidad de comenzar a ampliar de forma “prudente y progresivamente” la presencialidad en las distintas dependencias, pero “con pautas concretas, taxativas y claras, que establezcan criterios de protección no solo para tutelar la salud de los/as trabajadores/as, sino también para impedir el avasallamiento de sus derechos”.  “No se trata de evitar o demorar la convocatoria porque sí”, señala la nota firmada Julio Piumato y Mara Fernández, en carácter de secretario general y secretaria gremial, respectivamente.

Requirieron, en este sentido, que se establezcan una serie de pautas, como el regreso a las tareas en forma presencial solamente de quienes hayan recibido al menos una de las dos dosis de cualquiera de las vacunas autorizadas, pasados 14 días de la inoculación. A su vez, el gremio de los judiciales pidió que aquellas personas que integren los grupos de riesgo sean convocadas recién cuando reciban la segunda dosis.

También precisaron exceptuar de la posibilidad de convocatoria a las personas con “inmunodeficiencias, pacientes oncológicos y trasplantados, como así también quienes acrediten no haber podido acceder al programa de vacunación, ya sea por prescripción médica o debido al cronograma de vacunación de su jurisdicción”. Junto con estas pautas, el gremio solicitó que se garanticen las medidas de protección y seguridad, atendiendo especialmente al distanciamiento social, la no aglomeración de personas, ventilación adecuada de ambientes, uso de barbijo o mascarilla, mamparas, sanitización y control de temperatura.