A pesar de la virulencia que provocó la difusión del voto que impondría la mayoría (elaborado por Eduardo Moliné O" Connor y Guillermo López) y la réplica del presidente Eduardo Duhalde, el fallo intentaría circunscribir los efectos al caso de San Luis para evitar que la inconstitucionalidad de esas normas se proyecte a los miles de amparos y, lo que es peor, a los créditos hipotecarios que habían sido pesificados.
El voto que se le atribuye a Moliné, y que contaría con el respaldo de la mayoría, obligaría al gobierno nacional a devolver la suma reclamada por las autoridades puntanas al valor del dólar en el mercado libre al momento del retiro del depósito.
En el acuerdo de la última semana los ministros aplazaron la decisión sobre el tema a raíz de un pedido del ministro Juan Carlos Maqueda, quien había pedido algunos días más para analizar el caso en donde el ejecutivo puntano pide la redolarización de sus depósitos de 247 millones de dólares que fueron pesificados.
Hasta el momento y según las voces que se pueden escuchar en Talcahuano 550, el alto cuerpo ya contaría con los votos necesarios para impugnar el decreto del Poder Ejecutivo Nacional, ya que Julio Nazareno, Carlos Fayt, Eduardo Moliné O´connor, Adolfo Vázquez y Guillermo López tienen sus votos armados contrarios a las normas del PEN.
Además, se debe tener en cuenta que la Corte, al resolver este tema, se tendrá que expresar sobre el fondo de la cuestión dado que el último 16 de mayo la provincia desistió de continuar con una medida cautelar en donde pedía la suspensión del dec. 214/02, dejando sólo en pie el amparo en donde pide la impugnación del mismo.
Al parecer y según la opinión de los voceros la Corte no resolvería el modo en que se instrumentaría la devolución de las diferencias pesificadas que fueron sacadas por la provincia a la cotización de 1, 40 sin CER. Los ministros dejarían la instrumentación en un acuerdo bilateral de las partes para que sean ellas (el Estado Nacional y San Luis) las qué vean de que modo se podrá cumplir con el fallo.
Ese período de negociación entre las partes abarcaría un plazo de 60 días y una vez vencido ese período, de no haberse alcanzado un acuerdo, la Corte establecería la forma en que deberá cumplirse con el fallo. El pronunciamiento en contra de la pesificación tiene un ingrediente extra, dado que muchas de las causas que están por el mismo tema en la Corte podrían plegarse al criterio que posiblemente se defina mañana.
Recordemos que en el marco de este expediente la Corte ordenó que se llevaran a cabo tres audiencias de conciliación, pero dado que las mismas fracasaron de manera sucesiva recién mañana podría haber una solución al respecto.
Durante todo ese tiempo no faltaron los reclamos de la gobernadora puntana, Alicia Lemme, quien hasta llegó a atrincherarse en los tribunales con el fin de que los ministros la atendieran para hablar sobre el tema.
Las tareas de Lemme no cesaron ni durante la feria judicial de enero ya que durante ese receso presentó un recurso de pronto despacho el cual en su momento fue rechazado por la Corte.