El juez federal Juan José Galeano elevó a juicio oral las actuaciones por la voladura de la AMIA, en la que aparecen como imputados, con distinto grado de responsabilidad, el vendedor de autos robados Carlos Telleldín y cinco ex oficiales de la Policía Bonaerense implicados en la entrega de la camioneta utilizada para el atentado.El Tribunal Oral Federal 4 será el encargado de llevar a cabo el juicio oral y público contra los veinte acusados.
En la resolución de 209 fojas, el magistrado admitió que a esta altura de la causa "la investigación no ha concluido" y "por el contrario, solamente se están enviando a juicio oral aquellas partes que demuestran la existencia de delincuentes asociados con policías, cuya actividad pudo tener un efecto en el resultado final".
A lo largo del extenso auto de elevación, Galeano reforzó ese posicionamiento al admitir que "no se está ante el esclarecimiento total del hecho, por lo que se mantiene el mismo compromiso de llegar a la verdad mediante los esfuerzos que sean necesarios".
Este tramo de la causa se conoce como de "las Brigadas" ya que los imputados, según consta en la misma, se desempeñaban en al menos dos brigadas del Conurbano Bonaerense, donde habían montado una red delictiva, encabezada por el ex comisario Juan José Ribelli.
Además de Ribelli y Telleldín, serán sometidos a juicio oral y público los ex oficiales de la repartición Irineo Leal, Raúl Ibarra, Diego Barreda y Mario Barreiro, entre otros, ya que los demás acusados se encuentran menos comprometidos en el hecho.
Uno de ellos, un abogado de apellido Botegal había planteado una cuestión de competencia que demoró la elevación a juicio, subsanado este fin de semana por una resolución de Galeano en la cual dejó en claro que la resolución del incidente por parte de la Casación, no impedía la adopción de otras medidas, como el auto de elevación a juicio.
Galeano plasmó en el escrito sus reproches por la falta de colaboración por parte de los organismos de seguridad y , de modo enigmático sostuvo que "no nos equivocamos si al día de hoy sostenemos que esa asociación delictiva de particulares características (entre civiles y policías) continúa operando en la actualidad, a pesar de hallarse muchos de ellos en detención, en procura de que todos consigan evadir la acción de la Justicia".
Por otra parte, el magistrado recordó que "la traumática experiencia" del atentado a la Embajada de Israel en 1992 "no significó la incorporación en el campo de la prevención, la seguridad y la instrucción judicial de métodos de actuación apropiados al extraordinario fenómeno que se debía enfrentar".
"este caso “, aseguró Galeano, “fue moldeándose necesariamente con acciones tendientes a obtener información, las que pusieron en la superficie actos de corrupción pública y privada, que sin lugar a duda son la razones mismas de la sensación de impunidad que se vive actualmente.”
Falta de mérito para Kanoore Edul
El juez federal Juan José Galeano dictó hoy la falta de mérito y la inmediata libertad del sirio Kannore Edul, pero resaltó las sospechas en su contra, al no poder justificar los contactos que mantuvo con Carlos Telleldín y un funcionario de la embajada de Irán, involucrados en la causa por el atentado a la AMIA.
"Es un sospechoso pues ha mentido reiteradamente y aun hallándose detenido no consigue brindar explicaciones valederas", sentenció Galeano en su resolución conocida hoy.
Kanoore Edul fue detenido hace dos semanas por la utilización fraudulenta de tarjetas de crédito en un supermercado y luego fue reclamado por Galeano que ya lo había investigado en la causa AMIA en 1994.
El magistrado destacó ahora que todavía se desconoce "el contenido de la conversación de dos minutos que mantuvo con el teléfono de Telleldín ni se ha podido vincular al nombrado en ninguna actividad adicional relacionada con los hechos" investigados.
Tampoco existe explicación sobre "cómo ni por qué motivo tiene en su agenda a un ex funcionario de la embajada de Irán (Moshem Rabani) investigado por la inteligencia argentina por sus posibles contactos con el terrorismo", sostuvo Galeano, en alusión al ex agregado cultural de la embajada de ese país.
Respecto de los contactos con Telleldín, Galeano aseguró que esta comprobado que quiso comprar la Trafic, cuya venta fue publicada mediante un aviso clasificado.
"Otra casualidad --señala Galeano con ironía-- todos buscaban Trafic antes del atentado".
En su resolución conocida hoy el juez admite que "hemos escuchado a lo largo d varios años de investigación, escuchas telefónicas mediante, como (Kanoore Edul) utiliza otras identidades para perjudicar a inocentes, pero no hemos obtenido datos que permitan vincularlo directamente en algún tramo o aporte al atentado terrorista investigado".
Por último Galeano resolvió ordenar la inmediata libertad del sirio, pero mantenerlo vinculado a las investigaciones, a la vez que le planteó a los organismos de inteligencia y fuerzas de seguridad "concentren y extremen sus esfuerzos para determinar con certeza la real participación que pudo haber tenido" en el ataque terrorista.
Duras criticas del fiscal de la causa de la AMIA.
El fiscal federal José Barbaccia opinó hoy que faltó "decisión política" para impulsar una investigación "seria" sobre los autores del ataque a la sede de la mutual judía AMIA, que fue volada por un atentado terrorista el 18 de julio de 1994.
Barbaccia junto, a su par Eamon Mullen tuvieron la responsabilidad de investigar el atentado terrorista y de convertirse en los más serios acusadores de los sospechosos.
Ambos cultivaron un bajo perfil pero le imprimieron una decidida acción al ministerio público en una de las causas más complejas y explosivas de la Justicia argentina.
En declaraciones radiales, Barbaccia dijo lo siguiente:
1) Existió una evidente falta de herramientas legales para avanzar en el esclarecimiento del atentado como la posibilidad de que se disminuyan penas a los acusados en función de la colaboración que prestan.
2) El juez no es el investigador en nuestro sistema ni en ningún sistema del mundo, sino que ese rol está a cargo de quienes están adiestrados por el Estado para serlo, la Policía y los servicios de inteligencia.
3) El juez y los fiscales son los encargados de analizar las pruebas que les traen y decir si existen méritos para llevar a juicio o no a una persona. Si esa prueba es pobre y escasa, es probable que la investigación tenga resultados pobres.
4) Pese a ello estoy conforme con la reciente aprobación de la Ley del arrepentido, que faculta al juez a reducir penas en el momento de la sentencia si el imputado dio información relevante en la causa.
5) Hubo de entrada una falta de decisión política muy clara para que el atentado contra la AMIA fuera investigado con la seriedad que el caso requería. Además existieron fallas muy serias tanto a nivel policial como judicial.
6) Hubo también a la falta de colaboración de las policías Federal y Bonaerense, y de los ex policías detenidos, quienes estarían involucrados en un pacto de silencio, según consta en grabaciones que posee el tribunal.
7) También aparecieron testigos falsos, e, incluso hubo un intento de extorsión al juez con material robado del tribunal.
Existió el caso de un preso condenado a prisión perpetua, de apellido Solari, quien dijo que había tomado contacto con terroristas libaneses, pero que dos años más tarde admitió que todo había sido armado por el ex comisario Juan José Ribelli, uno de los principales imputados en la causa.
8) La investigación puso al descubierto una cantidad de falencias en los sistemas de prevención y represión muy claras, y en particular mencionó que la División de Protección del Orden Constitucional (POC) de la Policía Federal demostró carecer del conocimiento necesario para proyectar y concretar una estrategia de investigación seria.
9) Hubo fallas estructurales que se pusieron al descubierto en el ámbito judicial, ya que los tribunales no están preparados para llevar adelante investigaciones de esta magnitud; son deficiencias que tenemos y que habrá que ver cómo se modifican. 10) No creo en los grandes complots, pero reconozco que hubo fallas y desaparición de pruebas de la causa.
11) Tampoco fue acertada la labor de la División de Protección del Orden Constitucional (DPOC). Para investigar el caso quedaron ocho personas de la Policía Federal con un auto que tuvo que poner la Corte, porque no tenían".
Descargue el auto de elevación completo
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