La Suprema Corte bonaerense aprobó el presupuesto del Poder Judicial para el año siguiente y le adjudicó a la administración de justicia la suma de $72.871.782.252 y $40.514.954.843 al Ministerio Público. Plan de infraestructura e inversión tecnológica, los ejes centrales.
A través de la Resolución Nº 1581/21, la Suprema Corte de Justicia bonaerense aprobó el proyecto de presupuesto del Poder Judicial para el ejercicio 2022, determinando para la administración de justicia la suma de $72.871.782.252 y $40.514.954.843 para el Ministerio Público.
En lo que respecta a la administración de justicia, las previsiones presupuestarias tienen en cuenta el plan de infraestructura edilicia a partir del reinicio y terminación de los complejos judiciales en construcción y los proyectados, como así también las puestas en funcionamiento de los órganos jurisdiccionales programados para el próximo año.
En el documento se destacó la necesidad de incorporar en la ley de presupuesto de la provincia "los recursos adicionales necesarios para hacer frente a los incrementos de los haberes del personal del Poder Judicial, conforme una política salarial establecida por la Suprema Corte de Justicia, orientada a recomponer y jerarquizar las remuneraciones de los magistrados, funcionarios y agentes".
También contempla el fortalecimiento de los programas, proyectos y herramientas tecnológicas en materia de comunicación electrónica e interoperabilidad con organizaciones públicas y privadas. Además prevé la extensión del sistema de firma digital, digitalización de trámites, la celebración de videoaudiencias y acciones orientadas a la incorporación de aplicaciones de inteligencia artificial en los procesos de trabajo.
Incluso, a partir de las modalidades de gestión implementadas por la pandemia, se prevé continuar con la adaptación de los espacios de trabajo para "preservar la salud del personal y el público en general".
Para el fuero de familia y justicia de paz, se contempló la la designación de 200 cargos a planta permanente, "frente a la litigiosidad evidenciada en los últimos años en materias de violencia familiar y de género". En ese marco, el presupuesto incluye una partida para atender las tareas docentes destinadas a la capacitación de la "Ley Micaela", obligatoria para todos los poderes del Estado.