En dialogó con Diariojudicial.com, el diputado de la UCR aseveró que en la actualidad el proyecto se encuentra sin novedades y no dudó en afirmar que esto se debe “a la falta de voluntad que existe dentro del oficialismo para la puesta en funcionamiento de los organismos de control”.
En ese sentido, indicó que desde un principio la idea de poner en funciones al defensor bonaerense “no tuvo el mayor apoyo del Poder Ejecutivo” y agregó que eso se traduce en el Congreso en donde el partido justicialista tiene mayoría en ambas cámaras.
La falta de voluntad la ejemplificó cuando precisó que por 1998 se había presentado un primer proyecto el cual una vez que fue aprobado por diputados llegó al senado y nunca fue tratado por lo que se vencieron los plazos y se terminó cayendo.
Entonces, explicó el diputado, se presentó un segundo proyecto que actualmente esta en esa comisión y que aún debe ser girado a otras dependencias como por ejemplo a la de presupuesto de la Cámara baja.
Para el legislador las excusas que se ponen desde el gobierno bonaerense sobre que las condiciones financieras no son las propicias para poner en funcionamiento la figura del defensor “no pueden tener validez”, ya que según expresó se “han hecho mayores inversiones en proyectos que no tenían tanta importancia como este”.
Además, estimó que con la carencia del ombusmán bonaerense los habitantes de la provincia “no están en pie de igualdad frente a los atropellos que puedan sufrir” y expresó que en la actualidad carecen de alguien que los represente.
Sobre este punto vale recordar las figuras de los Defensores del pueblo de la Nación Eduardo Mondino y su par porteña Alicia Oliveria, quienes han trabajado activamente en pos de los usuarios, consumidores y ciudadanos.
Basta analizar que tanto Mondino como Olvieria han logrado que miles de ahorristas recuperen su dinero atrapado en el corralito financiero, y en el caso del ombusman de la nación haber frenado las subas de las tarifas de los servicios de luz y gas.
Estos casos demuestran claramente el rol de contralor que presentan los defensores del pueblo, quedando de por si justificada la necesidad de que la figura del defensor bonaerense contenida en la constitución adquiera operatividad en lo inmediato y no sea letra muerta. Un poco de historia
La figura del defensor fue introducida en la Constitución de la provincia de Buenos Aires con la reforma de 1994 en la cual en su artículo 55 se fijaron las funciones que tendrá a su cargo: “la defensa de los derechos individuales y colectivos de sus habitantes. Ejerce su misión frente a los hechos u omisiones de la administración pública, fuerzas de seguridad, entes descentralizados o empresas del Estado que impliquen el ejercicio ilegítimo, defectuoso, irregular, abusivo, arbitrario o negligente de sus funciones". También, deberá supervisar la "eficacia" de los servicios públicas que tenga a cargo la Provincia o sus empresas concesionarias y tendrá autonomía funcional y política. Asimismo durará cinco años en el cargo, pudiendo ser reelecto por un segundo período.