El tribunal ejerció así su poder de superintendencia mediante una notificación cursada a través de la Secretaría de la presidencia del máximo tribunal de Justicia.
La denuncia por presuntas demoras había sido formulada ante la Corte por el abogado Gustavo Soler, quien pidió la intervención ante el colapso provocado por una avalancha de presentaciones en ese distrito judicial. Soler pidió "la intervención" de la Corte Suprema para que "ponga fin a las anomalías, incoherencias y retardo de Justicia que afectan a la jurisdicción federal de San Martín".
La Corte dispuso en su momento que las distintas Cámaras federales de todo el país sean receptoras de presentaciones, cuando el fuero contencioso administrativo se vió desbordado por más de 150.000 amparos contra las medidas que restringieron los depósitos bancarios a partir del corralito financiero.
Según explicó Soler, la Corte le ordenó ahora a la Cámara de San Martín "que tome todas las decisiones que correspondan” para la agilización de los trámites. En su momento, Soler había denunciado la existencia de “impedimentos graves”, que llevaron a que se registraran “colas de cuatro horas para presentar escritos”.
El letrado se mostró extrañado porque “los Colegios no hayan apoyado y hayan sido incapaces en apoyar este pedido. No se ocuparon de los abogados, de los que ejercemos la profesión”, sostuvo en declaraciones periodísticas.
Radicó así una "presentación de hecho" ante la Corte, en la que criticó en durísimos términos el funcionamiento del fuero federal de San Martín, colapsado por las presentaciones contra el "corralón". Denunció que en causas que están en trámite desde hace meses, la mera presentación de un escrito "demora dos o tres meses en proveerlo sin que exista certeza sobre la razonabilidad del proveído".
Asimismo, detalló que en los tribunales federales de San Martín "no se diferencian los casos de enfermedad, mayoría de edad o indigencia" para resolver los expedientes con mayor celeridad. Ante ese escenario, pidió "la intervención" de la Corte Suprema que "ponga fin a las anomalías, incoherencias y retardo de Justicia que afectan a la jurisdicción federal de San Martín".