Se llevó a cabo una nueva edición de Telecom Encuentros 4.0 donde diferentes especialistas aportaron su mirada sobre la temática, tanto a nivel legislativo como procesal, y los principales desafíos judiciales en la materia.
Telecom presentó una nueva edición de Encuentros 4.0, denominado "Delitos en entornos digitales: los desafíos de la Justicia", donde varios expertos del derecho hablaron de los desafíos y oportunidades de la tecnología en la gestión de la justicia.
El disparador fue el rol de las tecnologías de la información y la comunicación (TICS) a partir del contexto de la pandemia, donde se aceleró la incorporación de canales digitales para distintos intercambios económicos. En el último año y medio se registró un aumento del 2.000% en las transacciones digitales; más de 1.3 millones de personas se iniciaron en el comercio electrónico por internet; y hubo un aumento del 227% en los pagos remotos con tarjeta de débito.
Dicho contexto también dejo en evidencia la otra cara de la moneda: aumento sustancial de delitos. Según datos aportados por la Unidad Fiscal Especializada en Ciberdelincuencia (UFECi), durante el 2020 se registraron un 565% más denuncias; los fraudes en línea crecieron más del 665% , el hackeo con softwares de ransomware 380% y corresponden a la difusión no autorizada de imágenes íntimas, 373%.
Algunos de los disertantes fueron Noel Murray, quién habló de las distintas iniciativas legislativas; Mauricio Fernandez Montalban, María Elvira Tejada de La Fuente y Marcos Salt, para hablar de los desafíos de la cooperación internacional; mientras que Horacio Azzolin, Abel Cornejo y Manuel De Campos hicieron un recorrido sobre los nuevos escenarios del delito digital en la Argentina.
También asistieron representantes de la Universidad del Norte Santo Tomas de Aquino de San Miguel de Tucumán, la Universidad de Buenos Aires y UCEMA.
Salt, director posgrado Cibercrimen y Evidencia Digital de la UBA, expresó que "en Argentina necesitamos modificar las leyes procesales porque no está prevista la prueba digital. Estamos acostumbrados a usar la prieba física, algo tangible. Si yo secuestro un dispositivo informático lo que requiero son datos y necesito un perito que me lo traduzca".
"Esta realidad, absolutamente diferente, estamos tratando de explicar por analogía las normas que tenemos en los códigos pensados para la evidencia física", agregó el abogado y destacó la necesidad de armonizar las leyes y seguir planteando el problema de la invasión a la intimidad de las personas a través de la tecnología. Al respecto, nombró al sistema troyano y al agente encubierto digital.
"La discusión es la vieja del sistema penal: eficiencia y garantía, y eso se trasladó al ámbito digital y requiere un cambio cultura a ver como lo discutimos y estamos atrasados en el camino de construir una jurisprudencia coherente", remarcó Salt.
Durante el evento se resaltó la necesidad de cooperación internacional para aplicar una política penal común, encaminada a la protección de la sociedad contra el cibercrimen. Los expertos reconocieron la importancia de la reciente incorporación de varios países de América Latina, entre ellos la Argentina, a la Convención de Budapest, donde Europa hace punta.
El Convenio es el primer tratado internacional sobre delitos cometidos a través de Internet y otras redes informáticas, que trata en particular de las infracciones de derechos de autor, fraude informático, la pornografía infantil, los delitos de odio y violaciones de la seguridad en redes.
Desde el punto de vista académico, los referentes de las universidades destacaron que el perfil del investigador judicial vinculado al cibercrimen está en construcción y acompaña el avance de las nuevas modalidades delictivas. En este nuevo escenario, la capacitación y la especialización son esenciales a la hora de abordar la nueva problemática. Y si bien aún no existen en la Argentina carreras de grado específicas que respondan a este perfil, cada día aumenta la oferta académica.