Además, expresó que este tipo de pronunciamientos, “puedan ser utilizados con fines políticos que pueden inquietar a la población instando una suerte de psicosis”, habida cuenta, por ejemplo, la gran cantidad de deudores en dólares del sistema financiero, tanto bancario como privado.
El viceministro vertió esos conceptos en un articulo publicado por el diario El Zonda de San Juan en donde además aseveró que la Corte “ha sentado doctrina y ella es insoslayable, de manera tal que todo caso similar de acreedores de plazos fijos u otras imposiciones que vayan llegando a la Corte, seguramente serán resueltos del mismo modo que el Caso San Luis”.
Asimismo, apuntó que el fallo “no redolarizó la economía” ni tampoco “afectó el tipo de cambio” y ejemplificó tal hecho cuando analizó que luego del fallo de la Corte Suprema “la divisa estadounidense se mantiene estable y con tendencia a la baja”.
También, trató de llevar tranquilidad a los deudores enfatizando que cuando se resolvió el planteo de la provincia “tampoco se redolarizaron los créditos y deudas por créditos otorgados”, ya que se declaró “la inconstitucionalidad, sólo de una parte del decreto pesificador”.
En ese sentido, opinó que al mismo tiempo el pronunciamiento del Alto Tribunal, dejó claramente sentada “la imposibilidad de reclamar, a aquellos que voluntariamente optaron por bonos o por la pesificación de sus depósitos, salvo expresa reserva de disconformidad”.
En tanto, llamó a “informar claramente a la población acerca de los alcances de este pronunciamiento, a fin de desalentar la mezquindad de las posibles malas intenciones sectoriales, y alejar definitivamente la posibilidad de un agravamiento de la crisis, impulsada por el avance y profundización de las demandas sociales y las acciones colectivas de la sociedad civil”.