Literas también dispuso una serie de medidas relacionadas con el accidente, entre ellas sendos pedidos de informes a la empresa Metrogas y al gobierno de la Ciudad de Buenos Aires, a fin de establecer la ubicación exacta de la cabina de gas que el avión siniestrado se llevó por delante en su descontrolada carrera tras el frustrado intento de despegue, y las condiciones en que se habilitó, respectivamente.
Por otra parte, Literas ordenó que peritos agrimensores efectúen un relevamiento en la pista del Aeroparque Metropolitano y los terrenos aledaños, a fin de establecer la existencia de obstáculos y si se cumplen con los requisitos de seguridad establecidos por la OACI, una dependencia de las Naciones Unidas que rige la actividad aérea civil mundial y determina las normas de seguridad para habilitar las estaciones aéreas.
Un representante argentino integra ese organismo como Director de Seguridad y será convocado a declarar como testigo para que brinde detalles sobre el cumplimiento de todas las ordenanzas de la OACI, por parte de la firma LAPA y de las autoridades de la Fuerza Aérea.
Por otro lado, dos abogados que se presentaron como querellantes en representación de familiares de las víctimas del accidente, reclamaron que en forma "urgente, se proceda a realizar una pericia técnica tendiente a determinar si en la “casilla” que fuera destruida en el tramo final del hecho, existían sustancias o gases inflamables".
En su presentación, los abogados Miguel Arce Ageo y Fabio Trimarchi le reclamaron a Literas que determine si esa sustancia o gas pudo haberse liberado al momento del impacto y entrado en combustión, y si dicha combustión pudo haber producido en todo o en parte el incendio que consumiera la aeronave.
También le pidieron que se determine "si el combustible que portaba la aeronave al momento de su impacto final sobre instalaciones de Punta Carrasco, pudo tener la capacidad de combustión suficiente para producir el citado incendio”.