La movida de los abogados del ex mandatario generó una controversia ya que mientras que su defensa aseguraba que la indagatoria se “pospuso” , fuentes cercanas al juzgado estimaban que con la negativa a declarar comenzaba a correr el plazo de diez días para resolver la situación procesal del ex mandatario.
En esta causa De la Rúa está imputado por la presunta comisión de los delitos de defraudación a la administración pública e incumplimiento de sus deberes de funcionario público.
De la Rúa junto con sus abogados Miguel Angel Almeyra, Zenón Ceballos y Fernando Diaz Cantón se presentaron en hora temprana ante la Cámara De Casación Penal, tribunal ante el cual presentaron sendos recursos reiterando la recusación contra el juez Bergés y apelando la citación a indagatoria.
La indagatoria del ex mandatario había sido confirmada por la Cámara del Crimen días atrás, por entender que Bergés había fundado la citación en el dictamen del fiscal Alejandro Molina Pico, sosteniendo en ese sentido que el funcionario “comete serios errores de apreciación de los cuales ha pretendido y pretende la indagatoria de nuestro defendido”.
Asimismo, denunciaron “la carencia total de imputaciones de relevancia jurídico penal” que fundamenten un llamado a indagatoria. Los defensores del ex presidente entienden que "técnicamente la indagatoria no se produjo" con lo que el juez "no podrá dictar una resolución de mérito a su respecto", es decir que no lo podrá procesar ni dictarle una "falta de mérito".
Por el contrario, fuentes cercanas al juzgado sostuvieron que "la indagatoria se cumplió con la negativa a declarar y a partir de ahora rige el plazo de diez das que tiene el magistrado para resolver la situación procesal".
La causa se inició años atrás en el juzgado de instrucción 43, actualmente subrogado por el juez Bergés, y en ella se investigan presuntas irregularidades en la concesión y reordenamiento tarifario de la autopita “Arturo Illia”, en esta capital, controversia esta que se proyecta hasta la actualidad.
Al recusar ante la Casación a Bergés los abogados De la Rúa insistieron en sus planteos relativos a la "arbitrariedad con que se dispuso el acto” ya que “cuatro magistrados habían rechazado con anterioridad el pedido del fiscal” Molina Pico.
También cuestionaron la oportunidad para llamar a una indagatoria cuando todavía "está en curso de producción un importante peritaje contable sin cuyas conclusiones es inconcebible arribar a un pronunciamiento incriminador", pese a que "es voluntad del ex presidente cumplir con el acto siempre y cuando así se resuelva en las instancias procesales correspondientes y por eso concurrió en la fecha".
La causa se inició en el año 2000 y en él aparecen involucrados otros ex funcionarios, entre ellos el ex procurador general de la Ciudad, Ernesto Marcer; y los ex secretarios de Obras Públicas y de Hacienda, Nicolás Gallo y Eduardo Delleville, respectivamente, que acompañaron a De la Rúa durante su gestión como Jefe de gobierno porteño.