El Tribunal Oral Criminal 2 condenó a la pena de 21 de prisión a Oscar Barros por el homicidio del marido de la conductora Georgina Babarossa, Miguel Lecuna. Además los jueces Silvia Mora, Alejandro Becerra y Hugo Boano condenaron por el asesinato del vasco a 16 años de prisión a Carlos Schmitz y Gabriel Gómez. En tanto que Walter Jorge deberá enfrentar una pena de 4 años y medio por el delito de robo en ocasión de homicidio y el TOC dispuso la libertad inmediata de Antonio Arregui a quien se le impuso una pena en suspenso de 2 años y medio. Lecuna fue asesinado el 2 de noviembre de 2001, cuando un grupo de sujetos que se movilizaban en una camioneta Renault Traffic interceptó el taxi en el que viajaba a la altura de Sanchez de Bustamante y Gorriti, en el barrio porteño de Palermo. Los maleantes lo golpearon, lo hirieron con un objeto punzante que le provocó una severa hemorragia y luego lo arrojaron del vehículo, para fallecer a las pocas horas en el hospital Rivadavia. Los familiares de Lecuna y Barbarossa tomaron la condena con alivio pero enfatizaron que esperaban más años de condena para los imputados sobre todo para Barros.
La fiscalía española protege a Aznar
La Fiscalía de la Audiencia Nacional de España busca unificar en un sólo proceso las tres denuncias presentadas hasta ahora contra José María Aznar por el apoyo a la intervención anglo-norteamericana en los Estados Unidos para luego pedir el archivo de las mismas, sin que se las estudie en el Tribunal Supremo español, que es el único órgano que puede investigar a funcionarios con fueros. Hasta ahora, Aznar fue denunciado por concejales de la ciudad de Ávila, al sur de Madrid, por un movimiento ciudadano de la ciudad de Soria y por el Partido Verde, quienes explicaron que Aznar y su ministra de relaciones exteriores, Ana Palacio, son responsables de la intervención "ilegal" de España en el conflicto de Irak, que vulnera tres artículos del Código Penal español.
Contra Chávez, en la Corte Penal Internacional
Un juez de la Audiencia Nacional de España no admitió una querella contra el presidente de Venezuela, Hugo Chávez, y algunos de sus ministros por delitos de lesa humanidad y terrorismo, por la muerte de un ciudadano español durante disturbios en una marcha hace poco menos de un año, en el marco de la grave crisis social en el país latinoamericano. El juez Fernando Andreu entendió que Chávez tiene " inmunidad internacional", por su investidura. Pero resolvió remitir la denuncia a la Corte Penal Internacional para que la estudie y decida si procede investigarla o no. La querella se presentó en la Audiencia Nacional en enero e incluye a Chávez y a otros 22 miembros del gobierno venezolano, como el vicepresidente de Venezuela, José Vicente Rangel, y el fiscal general Julián Isaías Rodríguez. Los hechos denunciados ocurrieron el 11 de abril de 2002, en una marcha en la que resultaron heridos cuatro españoles. Uno de ellos, José Antonio Gamallo, falleció.