La Corte Suprema de Justicia publicó su agenda para el primer semestre del año y, aunque no dio fechas exactas, detalló que debatirá de manera pública el cannabis medicinal, el conflicto con los corredores inmobiliarios, el derecho al olvido y la preservación de especies en peligro.
Tras el primer acuerdo del 2022, la Corte Suprema de Justicia de la Nación publicó este viernes su agenda correspondiente al primer semestre del año y detalló que se realizarán cuatro audiencias públicas para tratar el cannabis medicinal, el derecho al olvido, la preservación del yaguareté y el conflicto con los corredores inmobiliarios.
Sin dar fechas exactas de cuando se realizarán, la Corte explicó que, en lo que respecta al cannabis medicinal, se tratará el cuestionamiento a la constitucionalidad de la exigencia de someterse a un programa estatal de investigación experimental como condición para acceder de manera gratuita al aceite de cannabis y sus derivados con fines medicinales.
En la causa, además, se cuestiona la prohibición del autocultivo para consumo medicinal para menores de edad.
La Corte implementó las audiencias públicas en 2007 y, desde entonces, lleva realizada solo 37.
En cuanto al denominado "derecho al olvido", que consiste en la posibilidad de "borrar" - más específicamente "desindexar"- información contenida en Internet el Máximo Tribunal, tomando en consideración los artículos 14 (en lo que refiere a libertad de expresión) y 19 (intimidad) de la Constitución Nacional, analizará el pedido de bloqueo de información disponible en Internet, en URLs específicas, que aluden a la privacidad de los recurrentes por hechos del pasado.
En cuanto a la preservación del yaguareté, se debatirá la necesidad de resolver un pedido tendiente a la preservación del hábitat de especies en peligro de extinción, junto con la suspensión de la explotación productiva en la zona involucrada.
Finalmente, en otra audiencia se analizarán los conflictos sistémicos suscitados entre los colegios de corredores y las empresas que brindan servicios complementarios a la actividad inmobiliaria, respecto de los alcances de la actividad profesional en cuestión.
La Corte implementó las audiencias públicas en 2007 en busca de garantizar "la participación ciudadana y la difusión del modo en que el Máximo Tribunal lleva adelante los procesos en que ejerce su jurisdicción" y, desde entonces, lleva realizada solo 37, entre las que se destacaron la causa "Grupo Clarín" sobre la Ley de Medios y "Rodriguez, María Belén c/ Google" donde se debatió sobre la responsabilidad de los motores de búsqueda en Internet.