Las juezas del fuero de Familia, Niñez y Adolescencia de Corrientes que trabajaron durante la feria de verano alertaron sobre un incremento del 70% de causas ingresadas por violencia familiar y de género en relación al año anterior.
Las juezas Nora Gabriela Chaves Caballero, María Mercedes Sosa y Nora Alicia Infante, titulares de los Juzgados de Familia N°1, N°2 y N°3 de Corrientes que trabajaron durante la feria de verano señalaron que ingresaron 253 causas por violencia tanto familiar como de género.
Estimaron que esa cifra representa un 70% más de lo ingresado en el mismo período anterior. Además, se trabajó con los expedientes habilitados en otras materias urgentes de la competencia.
Las magistradas precisaron que por esos 253 casos se dictaron un total de 1611 providencias, esto es, actos de decisión tendientes a avanzar con cada situación judicial planteada. Las magistradas expresaron que esa cifra revela al menos dos grandes indicadores.
“A veces nuestro trabajo no es suficiente: por ejemplo, se excluye del hogar a un hombre en un asentamiento y a las horas de dictada la medida, el hombre regresa. Es ahí donde hay que tener otros recursos que ya no son de nuestra órbita: más refugios donde las mujeres puedan ir con sus hijos. Hay mujeres que no son independientes en lo económico y hay que prever centros donde puedan desarrollar actividades que permitan su mantenimiento”, remarcaron.
Por un lado, la alta conflictividad social en la que está sumergida la sociedad, y la vulnerabilidad social y económica extrema de las personas –en su gran mayoría mujeres- que acuden a los estrados judiciales para encontrar alguna respuesta.
Recordaron que desde el 2017 las víctimas de violencia familiar y de género pueden presentarse directamente en los Juzgados de Familia, que tienen por Protocolo competencia en violencia y turnos consecutivos, y realizar la denuncia, sin ir necesariamente primero a las Comisarías.
Sin embargo, coincidieron en que la Justicia no puede prevenir, sino actuar ante los requerimientos, ya que la prevención es resorte de otros organismos del Estado, que tienen a su cargo además la asistencia posterior.
Indicaron también que, en algunos casos, el objetivo que persigue el procedimiento de la violencia familiar y de género se desvirtúa y se reciben son desacuerdos de convivencia que debieran solucionarse en el ámbito familiar. “No todo conflicto es violencia y hay situaciones que deben ser resueltas en el seno de la familia, apelando a la autonomía de la voluntad y el principio de libertad”.
El otro indicador es el reconocimiento al Poder Judicial por parte de la sociedad como garante de su integridad. Ante el crecimiento de la conflictividad, crece la demanda y se proporciona acceso a justicia con cada decisión que se toma. “Más allá de la entidad del conflicto, los Juzgados de turno, junto a sus equipos de trabajo, dieron respuestas. Para avanzar en cada una de esas 253 causas se analizaron desde un sondeo vecinal efectuado por los integrantes del Cuerpo de Trabajadores Sociales, o un informe psicológico del respectivo Cuerpo, y se llevaron a cabo mandamientos por parte de la Dirección correspondiente para –por ejemplo- diligenciar una exclusión del hogar”.
“A veces nuestro trabajo no es suficiente: por ejemplo, se excluye del hogar a un hombre en un asentamiento y a las horas de dictada la medida, el hombre regresa. Es ahí donde hay que tener otros recursos que ya no son de nuestra órbita: más refugios donde las mujeres puedan ir con sus hijos. Hay mujeres que no son independientes en lo económico y hay que prever centros donde puedan desarrollar actividades que permitan su mantenimiento”, remarcaron.