El Ministerio de Seguridad aprobó el Plan Federal de Prevención de Delitos Tecnológicos y Ciberdelitos. Se trabajará en ejes como capacitación, acciones preventivas, adecuación normativa e incremento de cooperación público-privada e internacional. Buscan crear un centro de investigación de todas las fuerzas federales y un Tablero Federal de Alerta Temprana en la materia.
Con el objetivo general de garantizar, en la medida de lo técnico y jurídicamente posible, el uso seguro del ciberespacio, protegiendo los derechos y garantías reconocidos, el Ministerio de Seguridad de la Nación aprobó el el Plan Federal de Prevención de Delitos Tecnológicos y Ciberdelitos (2021-2024). La Resolución 75/2022, que lleva la firma del titular de la cartera, Aníbal Fernández, se publicó este martes en el Boletín Oficial.
El nuevo texto deroga la Resolución Nº 977/2019 por la cual se aprobó el Plan Federal de Prevención de Delitos Tecnológicos y Ciberdelitos, y que establece los lineamientos y prioridades de las políticas públicas relacionadas con las responsabilidades referentes al ciberespacio y su impacto en la Seguridad Nacional
“La delincuencia, en forma individual u operando en forma organizada bajo esquemas criminales complejos, utilizaron a su favor la transnacionalidad que implica el ciberespacio generándose un crecimiento exponencial de los ciberdelitos”, detalla el texto, que cuenta con un anexo en el cual se establecen los lineamientos de las políticas de preveción hacia la delincuencia informática para el próximo trienio.
En ese marco, la resolución pondera “los vacíos y atrasos legales de las diferentes jurisdicciones, la dificultad que provino de la ampliación de servicios digitales aumentando la superficie de ataque en todos los sectores que debieron adaptarse a la nueva normalidad, la escasa oferta de formación sobre investigación de delitos de altas tecnologías, entre otros factores, incrementaron la cantidad de hechos y, por ende, de víctimas a nivel global”.
Entre las líneas de acción para llevar adelante el plan, se hace hincapié en la creación de un centro de investigación en la materia compuesto por las fuerzas federales para la investigación de delitos de alta tecnología, y de un Tablero Federal de Alerta Temprana en materia de ciberdelitos.
Ejes del plan
El anexo identifica nueve áreas s prioritarias para ser abordadas: coordinación federal – necesidad de articulación entre los tres (3) poderos del Estado (ejecutivo, legislativo y judicial), tanto a nivel central como provincial- fortalecimiento de los recursos humanos del Estado Nacional.
Se destacan entre los objetivos la necesidad creación y actualización normativa. “La evolución constante del fenómeno hace que se deba evaluar la actualización, así como la creación de nueva normativa relacionada a un mejor entendimiento de la investigación del delito por medios cibernéticos, que atienda tanto la calidad del proceso como los tiempos de respuesta”, detalla el anexo, que también urge por acciones de campaña de prevención del ciberdelito y la creación equipos de respuesta específicamente capacitados.
Otro de los ejes refiere al incremento de cooperación público-privado y al incremento y profundización de la cooperación internacional, que se suman a la profundización de las acciones preventivas y las Acciones interministeriales de abordaje de los incidentes prioritarios.
Entre las líneas de acción para llevar adelante el plan, se hace hincapié en la creación de un centro de investigación en la materia compuesto por las fuerzas federales para la investigación de delitos de alta tecnología, y de un Tablero Federal de Alerta Temprana en materia de ciberdelitos.
Este último será nutrido con la información provista por las fuerzas federales, fuerzas provinciales y autoridades locales competentes “con el fin de recabar información de delitos y posibles delitos cometidos a través de las tecnologías de información y las comunicaciones”.
Otro puntal de la iniciativa es el tendente al fortalecimiento de las normas, estandarización de procesos, procedimientos y protocolos vinculados a la ciberseguridad y a la investigación, tratamiento de prueba, cadena de custodia entre otros, en materia de ciberdelito. A ello se suma la ide el incremento de la colaboración Público-Privada, “con especial foco con el sector financiero y con los proveedores de servicios y empresas de las tecnologías de la información y las comunicación”.