Once organizaciones le pidieron al presidente Alberto Fernández la urgente postulación de una candidata a la Corte. Advierten la “grave afectación a los derechos del conjunto de las mujeres del país” que causa la falta de representación femenina en el tribunal.
Un grupo de organizaciones civiles expresaron al presidente Alberto Fernández su preocupación por las demoras en la postulación de una mujer para la vacante producida en la Corte Suprema de Justicia de la Nación tras la renuncia de Elena Highton de Nolasco.
La nota enviada al Ejecutivo lleva la firma de Abofem Argentina, Amnistía Internacional, Asociación Civil por la Igualdad y la Justicia (ACIJ), Centro por la Justicia y el Derecho Internacional (CEJIL), Equipo Latinoamericano de Justicia y Género (ELA), Fundación para Estudio e Investigación de la Mujer (FEIM), Fundación Mujeres en Igualdad (MEI), Instituto de Estudios Comparados en Ciencias Penales y Sociales (INECIP), Poder Ciudadano y GQUAL.
“A la fecha, el plazo de 30 días establecidos en el artículo 4° del Decreto 222/03 para la publicación de un pliego para el cargo vacante se encuentra ampliamente superado”, sostuvieron.
Destacaron, asimismo, la “afectación institucional que representa que el máximo tribunal de la Argentina no se encuentre compuesto en los términos que prevé la legislación vigente y que no tenga entre sus integrantes actuales a ninguna mujer”, y que también “obstaculiza el correcto desarrollo del proceso de deliberación que rige a todas las decisiones y resoluciones del máximo tribunal, y afecta su legitimidad e impacto”.
En particular, las organizaciones advirtieron que la candidata “debe demostrar desempeño profesional y académico con perspectiva de género, es decir, consciente de la influencia que la diferencia en los roles, funciones y atributos asignados en una sociedad determinada a las personas en razón de su género ha tenido y tiene en la desigualdad de oportunidades en el acceso a la justicia y en el ejercicio de derechos de las mujeres y personas LGTBIQ+”.
También resaltaron la “grave afectación a los derechos del conjunto de las mujeres del país” que causa el hecho de que el órgano de justicia de mayor jerarquía carezca de representación femenina. “Esta situación resulta violatoria de los compromisos internacionales que nuestro país tiene en materia de igualdad de género y de derechos humanos, bajo los cuales el Estado debe promover medidas para impulsar la paridad en los cargos públicos”, explicaron.
En particular, las organizaciones advirtieron que la candidata “debe demostrar desempeño profesional y académico con perspectiva de género, es decir, consciente de la influencia que la diferencia en los roles, funciones y atributos asignados en una sociedad determinada a las personas en razón de su género ha tenido y tiene en la desigualdad de oportunidades en el acceso a la justicia y en el ejercicio de derechos de las mujeres y personas LGTBIQ+”.
Y concluyeron: “Resulta imperioso completar la integración de este órgano e incorporar nuevamente a una mujer, a efectos de garantizar la legitimidad de las decisiones de nuestro máximo tribunal y la igualdad de género en la justicia”.