Marcela Ruiz, presidenta de la Federación Argentina de la Magistratura y la Función Judicial (FAM), dialogó con Diario Judicial respecto a la posible modificación de régimenes especiales alcanzados por la Ley 27.546, considerando que "se ataca al sistema judicial" y que tal medida sería un "avance sobre la independencia de nuestra magistratura”.
“No habrá ninguna reforma jubilatoria. Nuestro Gobierno siempre va a cuidar y trabajar para mejorar el salario de nuestros jubilados y jubiladas (…) Asimismo, y en la misma línea, se realizará un estudio focalizado en los regímenes especiales alcanzados por la Ley 27.546, que analice opciones y recomendaciones para fortalecer la equidad y la sostenibilidad a largo plazo de nuestro sistema previsional”.
En su cuenta de Twitter, el Ministro de Economía Martín Guzmán despertaba polémicas entre los magistrados, quienes salieron a responderle con los tapones de punta. Marcela Ruiz, presidenta de la Federación Argentina de la Magistratura y la Función Judicial (FAM), dialogó con Diario Judicial al respecto y opinó que para la FAM este es un tema “extremadamente sensible”, ahondando en que “tenemos bloqueo de matrícula” y “los únicos ingresos que recibimos son por las tareas jurisdiccionales que realizamos. Lo único que podemos hacer aparte es dictar clases”.
La FAM nuclea a 16.700 magistradas/os y funcionarias/os de los sistemas judiciales de las 23 provincias y de CABA. “No es un régimen de privilegio sino un régimen especial, que se sostiene con los aportes, nuestros aportes que generalmente son más altos que la media. Aportamos más de 30 años. Tenemos además más gente activa que gozando de un beneficio jubilatorio, con lo cual nuestra caja se autosostiene. Lo que nos preocupa es este avance sobre la independencia de nuestra magistratura” sostuvo Ruiz, aludiendo una preocupación generalizada por una posible nueva reforma del régimen.
En esa línea afirmó que “todas estas cuestiones que se nos atribuyen, que se nos habla de manera descalificante, lo que hace es debilitar nuestro sistema institucional. Lo que se necesita como sociedad es confiar en los poderes judiciales”.
“Creemos que no es una buena idea plantear está cuestión, no va a solucionar nada, porque no está basada en datos correctos. El impacto en la economía es bajo. No hay ninguna razón para este nuevo avance sobre la independencia de nuestro poder judicial” alegó la funcionaria.
“Se habla de salarios y jubilaciones con cifras que en nada se asemejan a las que percibe la mayoría de quienes atienden el 85% de los conflictos judicializados del país".
Asimismo, desde la FAM lanzaron un comunicado expresando públicamente “su rechazo a un nuevo intento de modificar una ley que –vale remarcarlo- ya fue modificada por este gobierno hace menos de dos años”.
“Se habla de salarios y jubilaciones con cifras que en nada se asemejan a las que percibe la mayoría de quienes atienden el 85% de los conflictos judicializados del país. Se ataca al sistema judicial en un debate que sólo pretende distraer la discusión de los verdaderos ejes del problema y de las medidas conducentes a solucionarlo” expresa el texto.
Por último, la FAM exhortó “a los poderes del Estado y a todos los sectores políticos a no debilitar, con iniciativas como esta, criterios básicos de todo estado constitucional de derecho, como el de la independencia judicial, y que son el resguardo de los derechos de la ciudadanía toda. La independencia judicial es una garantía instituida en beneficio de la sociedad, y no un privilegio de los operadores judiciales”.