El Ministro de Justicia se presentó ante las comisiones de Asuntos Constitucionales y de Justicia del Senado para dar su postura sobre el proyecto enviado por el Poder Ejecutivo para reformar el Consejo de la Magistratura. Dijo que el plazo que dio la Corte para cumplir con el fallo es "prácticamente incumplible"
El Senado de la Nación comenzó a debatir en las comisiones de Asuntos Constitucionales y Justicia la reforma al Consejo de la Magistratura y recibió al Ministro de Justicia, Martín Soria, que aprovechó la ocasión para cruzar a la Corte Suprema de Justicia de la Nación.
“Lamentablemente este fallo de la Corte pone en jaque la división de poderes. El fallo de la Corte no es un fallo, no es una sentencia jurídica, es un verdadero acto político, pero lo peor es que es un acto político extorsivo”. “Porque la Corte, como todos saben, estableció un plazo prácticamente incumplible de 120 días a partir del 16 de diciembre y faltan tan solo menos de cuatro semanas para que se paralice un órgano”, agregó.
Soria defendió la iniciativa enviada por el Ejecutivo y afirmó que se trata de “un proyecto concreto, conciso, destinado a mejorar el Consejo y darle un mayor dinamismo”, cuyo principal objetivo es “que comience a funcionar de una manera más armoniosa, que sira para cubrir a tiempo las vacantes en el Poder Judicial”. “Lo que queremos es que tengamos un Consejo de la Magistratura, que sirva para responder a la necesidades de los ciudadanos que nos piden más y mejor justicia en definitiva”, remarcó.
“De esta manera la Corte nos amenaza, nos extorsiona con un hecho sin precedentes en la historia argentina que es la parálisis de toda la administración de todo el Poder Judicial”, dijo Soria y sostuvo que “según el fallo que declara la inconstitucionalidad de una Ley que tiene 16 años de antigüedad, bajo la cual se designaron el 70% de los funcionarios”.
Soria defendió la iniciativa enviada por el Ejecutivo y afirmó que se trata de “un proyecto concreto, conciso, destinado a mejorar el Consejo y darle un mayor dinamismo”, cuyo principal objetivo es “que comience a funcionar de una manera más armoniosa, que sira para cubrir a tiempo las vacantes en el Poder Judicial”. “Lo que queremos es que tengamos un Consejo de la Magistratura, que sirva para responder a la necesidades de los ciudadanos que nos piden más y mejor justicia en definitiva”, remarcó.
"Nuestro proyecto claramente busca facilitar los consensos parlamentarios necesarios” expresó el ministro y remarcó que el texto “no difiere mucho” del proyecto presentado por el Gobierno anterior, a través de Germán Garavano, y remarcó que el objetivo principal es “evitar esta amenaza de extorsión con los tiempos, una bomba cargada en la mochila… poco menos de 4 semanas”, señaló, advirtiendo que “el 16 de abril puede ocurrir una tragedia institucional en la Argentina, como es la parálisis del Consejo de la Magistratura. La parálisis del organismo que está llamado a administrar el Poder Judicial”.
El Ministro respondió dudas de los senadores presentes y aseguró que “no se incorpora a ningún miembro del estamento político, y esto quiero remarcarlo, porque incluso fue uno de los argumentos que se sobreactuó en este fallo de la Corte Suprema del 16 de diciembre de 2021”. “Ninguno de los cuatro estamentos que conforman el Consejo va a tener quórum propio; tampoco tendrá por sí solo los dos tercios”, agregó.
Por último, explicó que con la composición propuesta, el estamento político no supera el 41% del total de los integrantes. “En la ley a la que la Corte Suprema volvió a darle validez constitucional, el estamento político estaba representado con el 45% de los integrantes. Este hecho muestra que el proyecto del Poder Ejecutivo es claramente armónico”, puntualizó.
“Creemos que es una composición inobjetable desde el punto de vista institucional y constitucional”, enfatizó.
Soria aprovechó la ocasión para dirigirse a los miembros del Parlamento y destacó que "el Congreso no puede permitir que la Corte los obligue a legislar, como tampoco se arrogue facultades legislativas que están reservadas solamente al Congreso de la Nación. Y de la misma manera, frente a esta disyuntiva, o buscamos una salida responsable, o dejamos que esta Corte Suprema nos condene a todos a la parálisis del Poder Judicial de la Nación”.
El proyecto impulsado por el Poder Ejecutivo que sube de 13 a 17 los miembros del organismo que se encarga, del nombramiento y remoción de jueces. El que promueve la oposición busca llevar el Consejo a 20 miembros y tiene como diferencia ostensible con el del oficialismo que el presidente de la Corte Suprema integre el cuerpo.
Muchos de los debates y chicanas durante la reunión se centraron sobre el poco tiempo que le queda al Congreso para votar un proyecto, a raíz del ultimátum que les dio la Corte. Mientras que Soria y senadores oficialistas criticaron al Máximo Tribunal por demorar el tratamiento de la causa que llegó a la Corte en 2017, los de la oposición no se explicaban por qué el Poder Ejecutivo se había dormido durante 3 meses y no había llamado a sesiones extraordinarias durante el verano.
El pasado 16 de diciembre la Corte Suprema de Justicia resolvió la inconstitucionalidad de la Ley 26.080, que había reducido la cantidad de miembros del Consejo de la Magistratura de la Nación y dispuso que el Congreso deberá dictar en un plazo razonable una nueva normativa.
También se ordenó al Consejo de la Magistratura que, dentro del plazo máximo de 120 días corridos contados desde la notificación de la sentencia, disponga lo "necesario para la integración del órgano, en los términos de los artículos 2 y 10 de la Ley 24.937. Transcurrido dicho plazo "sin que se haya completado la integración mencionada, los actos dictados serán nulos".
De esta primera jornada participó también el presidente del Consejo de la Magistratura, Alberto Lugones.