El plenario del Consejo de la Magistratura le pedirá al Ejecutivo que habilite las sesiones extraordinarias en el Congreso para debatir una nueva ley orgánica. Es por las dificultades para para “instrumentar” el “acatamiento de la sentencia”.
El Consejo de la Magistratura de la Nación votó, por unanimidad, pedirle al Ejecutivo que se habilite e incluya en el temario de las sesiones extraordinarias el proyecto de reforma del órgano, tras la sentencia de la Corte Suprema de Justicia que declaró la inconstitucionalidad de la ley 26.080 que había reducido su composición.
Los consejeros buscan “dar cumplimiento” a la sentencia del Máximo Tribunal que ordenó volver a la antigua integración de 20 miembros, lo que significa sumar a la mesa oval un representante del estamento de los magistrados, dos por la matrícula, uno por el sector de los académicos, un diputado/a, un senador/a y al presidente de la Corte Suprema.
En concreto, la Corte le dio un plazo de 120 días corridos al Consejo de la Magistratura para resolver la nueva composición. Para ello, los consejeros escucharon la opinión y postura de los titulares de la Federación Argentina de Colegios de Abogados (FACA), del Colegio Público de Abogados de la Capital Federal (CPACF) y de la Asociación de Magistrados y Funcionarios de la Justicia Nacional (AMFJN), implicadas en la elección de sus representantes.
En este sentido, las tres entidades manifestaron problemas y complejidades para “llevar adelante la elección en tan poco tiempo” y la necesidad de “consultar” internamente la situación.
Fue el propio presidente del Consejo, Diego Molea, quien planteó la necesidad de solicitarle al Poder Ejecutivo la habilitación de las sesiones extraordinarias y la incorporación del proyecto en el temario. Esta postura fue avalada por el plenario.
El cuerpo, encargado de la selección, sanción y remoción de magistrados, continuará trabajando durante el mes de enero, por que habilitará la feria judicial para “instrumentar” el “acatamiento de la sentencia”. Ya se comenzó con la "elaboración de los padrones” de jueces y abogados, para así “asegurar la realización de las elecciones”.
Sin embargo, los plazos corren para los comicios. A partir del próximo 16 de abril y en caso de incumplimiento, “los actos dictados serán nulos", según lo dispuesto por la Corte. Desde el Consejo advierten que esta situación podría derivar en la “parálisis” del Poder Judicial y causar graves “inconvenientes en la administración”.
También se librará una nota al Congreso de la Nación –ambas Cámaras- planteando el "exiguo plazo" dispuesto por la Corte y la “necesidad imperiosa” de contar con una normativa.
Fue el propio presidente del Consejo, Diego Molea, quien planteó la necesidad de solicitarle al Poder Ejecutivo la habilitación de las sesiones extraordinarias y la incorporación del proyecto en el temario. Esta postura fue avalada por el plenario.
También se librará una nota al Congreso de la Nación –ambas Cámaras- planteando el "exiguo plazo" dispuesto por la Corte y la “necesidad imperiosa” de contar con una normativa.