La Procuración Penitenciaria reiteró un proyecto para regular la capacidad funcional y de alojamiento de los establecimientos destinados a la privación de la libertad.
Nuevamente, al igual que en 2013 y 2018, la Procuración Penitenciaria de la Nación presentó un proyecto de ley para regular la capacidad funcional y de alojamiento de los establecimientos destinados a la privación de la libertad.
Los intentos anteriores quedaron “cajoneados” y perdieron estado parlamentario. En este sentido, la Procuración destacó que el grave problema de la sobrepoblación no solo persiste, sino que ha empeorado exponencialmente.
El proyecto, según detallaron, “propone atacar un problema estructural y gravísimo de nuestro sistema penal y regular la cuestión de la capacidad funcional y de alojamiento de todos los establecimientos destinados a la privación de la libertad de personas”
Además, tiene por objetivo poner fin a las situaciones de hacinamiento, a la vulneración de los derechos de las personas detenidas y tender a que la pena privativa de libertad se oriente a la reinserción social.
Según los últimos datos, había 11.263 personas detenidas en cárceles federales, y 809 en comisarías y alcaidías de la Policía de la Ciudad. La capacidad oficial declarada para esa fecha en el SPF era de 10.936 plazas, lo que implicaría 1133 personas detenidas por sobre lo que el sistema puede alojar según sus propias definiciones de plazas carcelarias.
Se prevén, en este sentido, diversos mecanismos de acreditación previos, con amplia participación de los actores involucrados, mecanismos de alerta y control y la aplicación de un sistema para la prevención o remedio de las violaciones a derechos humanos.
Según los últimos datos, había 11.263 personas detenidas en cárceles federales, y 809 en comisarías y alcaidías de la Policía de la Ciudad. La capacidad oficial declarada para esa fecha en el SPF era de 10.936 plazas, lo que implicaría 1133 personas detenidas por sobre lo que el sistema puede alojar según sus propias definiciones de plazas carcelarias, lo que equivale a un 10% de sobrepoblación.
Desde el órgano explicaron que este dato de sobrepoblación es sólo una muestra del fenómeno, teniendo en cuenta que también hay detenidos federales en comisarías de otras fuerzas de seguridad como la Policía Federal Argentina, Gendarmería Nacional y Prefectura Naval.
“Es urgente y necesario un tratamiento legislativo de la cuestión. En el proyecto se realiza una síntesis de los esfuerzos múltiples de quienes han trabajado contra el problema de la superpoblación. Se ofrece una alternativa que puede aglutinar esas inquietudes y ayudar a la planificación de estrategias y políticas públicas que se ajusten a estándares de respeto a los derechos humanos de las personas detenidas y compatibles, en definitiva, con nuestro ideal democrático y nuestra vocación por conformar una comunidad justa”, señaló la PPN.