Según consta en la presentación uno de estos documentos incluiría, entre otras cosas, el compromiso del Gobierno argentino de realizar aumentos en las tarifas de los servicios públicos privatizados.
La denuncia se basa en un nota periodística de un matutino del último 12 de febrero en donde se deja en claro la existencia de un “side letter” que fue reconocida por el ministro Roberto Lavagna en una reunión que mantuvo con los integrantes del bloque de senadores justicialistas.
Según la presentación en esa oportunidad el jefe de la cartera de hacienda afirmó que “existen documentos técnicos conexos al acuerdo, los cuales incluyen compromisos que, por circunstancias políticas y electorales no se pueden dar a publicidad”.
Para los denunciantes la existencia de documentos secretos que contengan información tan trascendente como el compromiso de aumentar los servicios públicos dificulta la participación, control y en su caso la promoción de acciones con relación a la etapa renegociadora de los contratos de servicios públicos.
En la presentación se afirmó que los intentos de aumentos de las tarifas que fueron frenados por la justicia responden a un intento del gobierno de obtener el acuerdo con el organismo en su momento, y por eso exigieron que los supuestos documentos anexos sean dados a publicidad.