Oliveira solicitó al Gobierno Nacional “que todos aquellos pacientes que se atienden en los hospitales públicos –estatales, provinciales y municipales- por tratamientos prolongados o afecciones complejas, y que se encuentren en situación de pobreza” puedan recurrir a un “Boleto Sanitario” que les permita viajar con una tarifa reducida.
En el proyecto, Oliveira propone la creación de un “boleto sanitario”, que establezca una bonificación de al menos el 70 por ciento en la tarifa mínima vigente de los servicios de transporte público de pasajeros.
De implementarse la medida, los establecimientos sanitarios públicos “a través de sus servicios sociales conjuntamente con el servicio de la especialidad que se trate, extenderán un certificado que acredite la identidad del paciente, sus datos personales, el diagnóstico de la enfermedad y el tratamiento a seguir, y la condición de carencia económica-social del paciente.
Con dicho certificado o credencial, el paciente podrá acudir a, por lo menos dos empresas de transporte que en su recorrido pasen por el nosocomio tratante, para gestionar los permisos o pases correspondientes.
En los fundamentos del proyecto, la defensoría invocó la Constitución de la Ciudad de Buenos Aires que en su Ley Básica de Salud garantiza “el derecho a la salud” para todos los ciudadanos, sean o no residentes en su territorio.
Cita además, las innumerable consultas recibidas en el organismo, de aquellas personas que para ser asistidos en los hospitales públicos, imposibilitadas de pagar el pasaje de colectivos, deben recorrer largas distancias para recibir atención médica.
Además, invocó los tratados internacionales que garantizan el derecho a la Salud de los Ciudadanos incorporados a la Constitución Nacional, y el antecedente por el cual se creó en su momento el boleto estudiantil.
Buenos Aires es el mayor conglomerado urbano del país y sus hospitales públicos, nacionales y comunales reciben pacientes carentes de recursos no sólo de la capital sino también del Gran Buenos Aires.