Diariojudicial.com: ¿Cómo es el funcionamiento y qué fines persigue la UFITCO?
Luciano Gonzáles Valle: La creación de la UFITCO obedece al propósito de descentralizar el Ministerio Público Fiscal y cristalizar la idea de que los diversos poderes del Estado deben trabajar en forma conjunta para el logro de determinados fines. Puntualmente a la necesidad de optimizar la persecución de los delitos tributarios y de los delitos de contrabando. Las investigaciones que se realizan desde la Administración Federal de Ingresos Públicos (AFIP) muchas veces son tachadas de carentes de elementos probatorios que fundamenten el discurso institucional que se vuelca en la denuncia.
El funcionamiento y el propósito de la UFITCO consisten básicamente en optimizar las denuncias y las investigaciones que lleva adelante AFIP y acercarlas un poco al lenguaje judicial mediante el acopio de pruebas, que le permitan al juzgador tener un conocimiento más acabado y mayores elementos al momento de radicarse la denuncia que los que normalmente aporta la AFIP.
DJU: En sus comienzos la UFITCO funcionó de manera semejante a la Oficina Anticorrupción. Durante la gestión de Maximiliano Rusconi, la sensación que había, es que el objetivo no parecía cumplirse porque se hacían denuncias públicas, pero con menor contundencia de elementos probatorios ¿Eso es así?
LGV: En realidad la gestión anterior hacía una recopilación de pruebas que muchas veces han sido criticadas. También vivíamos en otra época, en momentos en que la denuncia era cosa de todos los días. Muchas veces algunos organismos se encargaban de recopilar antecedentes mínimos y una noticia periodística era suficiente para presentar una denuncia, que surgía desde un organismo que tenía la misión de verficar. Se distorsionaron un poco las funciones que dieron origen a la creación de estos organismos, que en realidad tenían que verificar y profundizar las investigaciones. No se trata solamente de obtener información pública y no verificarla. Casualmente el sentido de estos organismos es el de darle mayor entidad al acto institucional de denuncia que se presenta ante la justicia.
DJU: Para estas investigaciones ¿cuál es el nivel de colaboración que reciben de parte de la AFIP?
LGV: Lo que ha permitido la cooperación entre la UFITCO, el Ministerio Público y la AFIP es llevar casos que están en mejores condiciones de avanzar por parte del fiscal que interviene en la confección del requerimiento de instrucción, y de las medidas procesales que tienen que tomarse con la intención de facilitar la tarea del juez y del fiscal en el avance del proceso. En su momento se había diseñado un esquema en el cual el fiscal que debía intervenir en el juicio también tenía vinculación con la Unidad Fiscal de Investigación de Delitos Tributarios (UFITCO). De modo que él también estaba en conocimiento del curso de la investigación en la etapa de instrucción, lo que facilitaba el trabajo.
Estamos trabajando estrechamente con la Administración Federal de Ingresos Públicos. Muchas veces ese organismo se enfrenta con la imposibilidad de la producción de pruebas que yo si tengo dentro de mi competencia poder producirlas: llamadas entrantes y salientes es una tarea que nosotros podemos llevar adelante; la circularización a los bancos -respecto de nosotros no rige el secreto fiscal, ni el secreto bancario porque somos una oficina del Ministerio Público-, de modo que no tenemos esos escollos que normalmente sí enfrenta la AFIP. Son problemas que también ha enfrentado la Oficina Anticorrupción. Se trata de organismos de distinta naturaleza ya que la Oficina Anticorrupción no integra ni otro poder del Estado, sino que es un organismo dependiente del Poder Ejecutivo Nacional. Nosotros tenemos las funciones propias del Ministerio Público Fiscal porque somos una oficina que depende del Procurador General.
DJU: ¿Cómo ha evolucionado en ese marco la resolución de este tipo de delitos?
LGV: Con nuestra intervención, se ha llegado en algunos casos a las detenciones de las personas a las que se denunciaba y algunas condenas, es decir que se ha llegado a buen término, sobre todo en el interior del país donde hemos tenido algunas condenas por delito de evasión. En algunas causas el juez se ha encontrado nada más que en la necesidad de convocar a indagatoria; en ocasiones se ha dictado prontamente el procesamiento y a los ocho meses estaba en condiciones el fiscal de solicitar el requerimiento de elevación a juicio.
DJU: Se ha creado el fuero Penal Tributario pero todavía no se ha puesto en marcha. ¿Cómo ve Usted la necesidad de su implementación? ¿Ayudaría al funcionamiento de la UFITCO?
LGV: Esto está íntimamente vinculado con el tema de la evasión tributaria, en el sentido de que muchas veces parecería que hay una tendencia desde las autoridades políticas del Estado a judicializar la recaudación. De ninguna manera yo comparto el criterio de que es posible judicializar la recaudación, como no es posible judicializar la política. Son remedios que no surten nunca efecto. Creo que no se trata de la creación de un nuevo fuero, porque después de tantos años de intervenir en las cuestiones de evasión fiscal y contrabando el fuero Penal Económico tiene demasiado oficio en la cuestión, y si muchas veces no se llega a condenas es también porque el criterio de las autoridades políticas del Estado escencialmente (hablo desde donde se decide la legislación tributaria, que es el Ministerio de Economía y la Secretaría de Hacienda) ha apuntado a un criterio de recaudación más que a un criterio de diseñar una política fiscal a largo plazo.
DJU: ¿A qué motivaciones cree que obedece esto ?
LGV: Ello obedece a la sistemática emergencia que sufre la Argentina en materia económica. En la Argentina el primer propósito del Ministerio de Economía y de la Secretaría de Hacienda es hacerse de fondos para atender el déficit fiscal y las cuentas del Tesoro, lo que les impide diseñar una política tributaria a largo plazo y reglas de juego claras. Sistemáticamente se han dictado normas penales sancionando y persiguiendo a los evasores y posteriormente decretos o reglamentaciones vienen a permitirles evadir la acción penal mediante una serie de moratorias o de pagos, lo que por supuesto dificulta de manera gigantesca la tarea del Poder Judicial. La dogmática que informa el Derecho Penal Tributario escapa a los cánones generales que los penalistas estamos acostumbrados a analizar o estudiar respecto del Derecho Penal común.
DJU: ¿Entonces a su entender no tendría razón de ser la creación de ese fuero Penal Tributario, aún cuando para su conformación ya hayan sido designados funcionarios?
LGV: El Estado Nacional, en el caso concreto de la Argentina, está estructurado sobre la base de la existencia de tres Poderes y un extra poder. Creo que es absolutamente suficiente. Con errores y dificultades que ha enfrentado el camino institucional argentino siempre hemos encontrado, sobre todo en los últimos treinta años, salidas institucionales con las instituciones que existen. La creación de nuevos fueros no me parece que venga a dar satisfacción. Desde mi punto de vista me parece preferible dotar a la Fiscalías Penal Económico de mas secretarías, a los juzgados de más personal, porque creo que esa sería una solución más eficiente.
DJU:¿En qué incide la actual situación económica con un dólar alto en los delitos de contrabando? ¿Hubo un período donde se dilataron los controles aduaneros?
LGV: El problema básico es no ponerse como objetivo la eliminación del contrabando, porque sería lo mismo que ponerse como objetivo, en el diseño de una política criminal, la eliminación de los homicidios o de los robos. Lo importante es llevarlo a límites controlables. Creo que en algunas etapas históricas de la Argentina el contrabando ha tenido límites intolerables con la proyección en la recaudación que todos conocemos. Ahora por las cuestiones económicas de público conocimiento el contrabando ha disminuido. La disminución del ingreso de mercadería eludiendo los controles aduaneros obedece a políticas macroeconómicas que no necesariamente han estado destinadas a la eliminación del contrabando. Han sido la consecuencia de políticas económicas que han apuntado a otros objetivos o por imposición de la crítica situación económica que hubo que vivir el año pasado.
DJU: Usted habla de las necesidades para mejorar la prestación de Justicia ¿Cuáles serían las necesidades de la UFITCO?
LGV: Teniendo que trabajar de consuno con la Administración Federal, por supuesto que la nuestra es una dotación mínima comparada con la de la AFIP. De modo que nuestra intervención es en causas de cierta magnitud, ya sea por los montos que se suponen evadidos como por la naturaleza de las maniobras. Esos son los hechos que incitan la competencia de la Unidad, porque no podríamos abarcar todo.
DJU: A su entender, ¿la AFIP ha evolucionado en su función de contralor de la evasión?
LGV: Muchas veces he escuchado que se dice que la recaudación ha aumentado por las alternativas económicas que nos ha tocado vivir. Yo advierto un trabajo que me parece que viene desde la administración del Licenciado Abad, mediante un ataque no casuístico a los hechos de evasión. Lo que se está intentado hacer es la persecusión a los que implementan diversas formas de evadir, como por ejemplo el tema de las facturas truchas. No se ha limitado al mero control en las bases de datos, de las inconsistencias que pueda tener un contribuyente, sino a las grandes maniobras que denuncian una actitud de parte de grupos económicos importantes destinadas a evadir. Se está haciendo mucho hincapié desde esta administración en la persecución de las usinas de "facturas truchas", porque ello genera una importante evasión fiscal.
DJU: Aparece como entrelazado el concepto de evasión con el de corrupción que parece estar enquistada en la sociedad argentina ¿A usted también le suenan como si fuesen sinónimos? ¿La corrupción también es como los “homicidios”, que no se pueden extirpar?
LGV: Es deseable no hacer carne de esa idea, porque estaríamos partiendo del principio de que estamos derrotados antes de proyectar cualquier diseño de política tendiente a combatir la corrupción. Yo estimo que la evasión ha sido más o menos constante desde varias décadas hasta el presente. Lo que sucede es que la corrupción en la Argentina es estructural. No solamente es la del pequeño funcionario que pide un soborno, sino que se verifica en el dictado de normas. El caso Piana (conocido como de la Mafia del Oro, causa en la que se investigaron maniobras de contrabando de oro y cobro de reembolsos) no hubiera sido posible si desde el Ministerio de Economía no se hubieran sacado las resoluciones que se sacaban, sin además diseñar controles tendientes a evitar lo que sucedió. El señor Piana no tenía ninguna actividad concreta como no fuera una industria de evadir, de defraudar al Fisco. Porque no producía absolutamente nada.
A partir del momento en que las autoridades políticas entiendan que la corrupción no es solamente un hecho cotidiano de algún funcionario pidiendo sobornos, o algunos favores sino que se favorece mediante las disposiciones legislativas que se toman, no vamos a poder solucionarlo.
Dju: ¿Y cuáles serían entonces las soluciones que a su entender deberían darse para atacar esa corrupción estructural?
LGV: Mientras el Estado no recupere la capacidad de arbitrar políticas nacionales de interés para la producción o para fines estratégicos, vamos a estar siempre en la situación que los ministros de Economía diseñen instituciones legales para el beneficio de diversos sectores y terminamos en una sociedad facciosa en la que cada cual reclama por su sector y no hay un criterio de política económica que beneficie en alguna medida a todos los sectores del país.