El Senado aprobó un proyecto que reforma la Ley de Ejecución de la Pena Privativa de la Libertad con el objetivo de cumplir con recomendaciones de la Corte Interamericana de Derechos Humanos. Se trata de una iniciativa enviada por el Ejecutivo y se deben mostrar avances antes del 12 de agosto.
La Comisión de Justicia y Asuntos Penales del Senado emitió dictamen de un proyecto de ley enviado por el Poder Ejecutivo en relación a las sanciones disciplinarias aplicadas a las personas privadas de su libertad.
La iniciativa, que ingresó en abril del año pasado, modifica la Ley de Ejecución de la Pena Privativa de la Libertad (24.660), con el objetivo de actualizar la normativa para cumplir con las recomendaciones de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH).
Entre los fundamentos, el proyecto sostiene que "el sistema propone centrar la respuesta sancionatoria a los casos de infracciones graves y recurrir en los casos de infracciones leves o medias a la aplicación de mecanismos alternativos, conciliatorios o de justicia restaurativa para resolver las diferencias entre las personas privadas de libertad".
Pietragalla Corti informó que la CIDH dio una nueva prórroga hasta el 12 de agosto y para esa fecha hay que "mostrar un avance real" para que "no sea elevada esta causa, porque corremos el serio riesgo de ser condenados", reiteró. "Una condena implicaría cambios más estructurales y que eso nos genere una situación compleja como la de tener que readecuar recursos económicos", agregó.
La iniciativa se generó por consenso con la Defensoría General de la Nación en el marco del caso de Guillermo Lynn, que tramita ante la CIDH. Se trata de una petición contra la Argentina que fue presentada el 29 de diciembre del 2000, en relación con el procedimiento mediante el cual se impuso a Lynn una sanción disciplinaria y las consecuencias que de ello se sucedieron en el caso.
Al debate en la Comisión asistió el secretario de Derechos Humanos, Horacio Pietragalla Corti, quien sostuvo que "es de suma importancia poder estar tratando este tema puntual". Sobre la causa Lynn, el funcionario señaló que en ese caso "se demostró la arbitrariedad, la no escucha a una persona que había accedido al beneficio de la libertad condicional".
En ese marco, Pietragalla lamentó que "el Estado y las reparaciones llegan tarde".
Pietragalla Corti informó que la CIDH dio una nueva prórroga hasta el 12 de agosto y para esa fecha hay que "mostrar un avance real" para que "no sea elevada esta causa, porque corremos el serio riesgo de ser condenados", reiteró. "Una condena implicaría cambios más estructurales y que eso nos genere una situación compleja como la de tener que readecuar recursos económicos", agregó.
También disertó María Laura Garrigós de Rébori, interventora del Servicio Penitenciario Federal, quién remarcó que este proyecto es la culminación de "una negociación que las partes mantuvieron a lo largo de 20 años", y subrayó que en 2018 "la CIDH dio un informe de fondo declarando que la ley actual violaba" artículos de la Convención Americana sobre Derechos Humanos.
Esta reforma se trata de "adecuar la actual ley modificando todas las fallas que tenía en relación con el debido proceso", indicó, al tiempo de que "las faltas medias y leves -no contempladas en la norma- sean abordadas con una especie de comité y se vehiculicen de otra forma que no sea la sanción, salvo que sea inevitable".