Diferentes organizaciones civiles impulsaron un decreto de autolimitación de facultades en el proceso de designación de magistrados y magistradas para que el Poder Ejecutivo reduzca la brecha de género al proponer integrantes del Poder Judicial y el Ministerio Público.
Con el objetivo de reducir la brecha de género en la justicia, 21 organizaciones civiles enviaron al Poder Ejecutivo una propuesta para que se dicte un decreto que incorpore a su facultad de seleccionar magistrados y magistradas establecida en el artículo 99 inciso 4 de la Constitución Nacional una serie de requisitos tendientes a garantizar la igualdad de género en el acceso a cargos judiciales.
Para los fundamentos, se utilizaron datos del Mapa de Género de 2021 elaborado por la Oficina de la Mujer de la Corte Suprema de Justicia de la Nación, que muestran que las mujeres ocupan solo el 31% de los cargos de magistrados y magistradas de la justicia nacional y federal.
Dicho porcentaje desciende en la medida que se asciende en jerarquía, hasta llegar a un 17% en los máximos cargos de la Corte Suprema de Justicia, la Procuración General y la Defensoría General. Incluso, en algunos fueros como las Cámaras Federales de La Plata, Mar del Plata y General Roca y las Cámaras Nacionales de Casación en lo Criminal y Correccional, en lo Criminal y Correccional Federal, y la Cámara Nacional Electoral el porcentaje de camaristas mujeres llega a cero. Estas cifras evidencian que en el sistema de justicia persiste un “techo de cristal”, basado en una segregación horizontal y vertical que impide que las mujeres puedan acceder a cargos más altos en condiciones de igualdad con los varones.
La iniciativa destaca que una de las problemáticas advertidas es que el Poder Ejecutivo sigue enviando un número significativamente mayor de pliegos de varones que de mujeres para su aprobación en el Senado. "De esta manera, omite considerar el impacto que esto tiene en términos de legitimidad democrática del sistema de justicia y agrava la brecha de género en la composición del Poder Judicial y del Ministerio Público", ampliaron.
Entre las disposiciones del decreto, los firmantes sugirieron que se incluya la obligación de devolver las ternas remitidas por las instituciones judiciales cuando estén conformadas solamente por varones; la obligación de designar mujeres en los órganos colegiados que actualmente están conformados solo por varones; y la de determinar un porcentaje mínimo de cargos judiciales que deberán ser ocupados por mujeres para que, en los casos en que éste no se cumpla, se comprometa a remitir al Senado únicamente el pliego de candidatas mujeres.
"Debido a que el proceso de selección de autoridades judiciales involucra a diversas instituciones, la responsabilidad de revertir esta situación alarmante recae sobre los tres poderes del Estado argentino", sostuvieron, "mientras que el Consejo de la Magistratura, el Ministerio Público Fiscal (MPF) y el Ministerio Público de la Defensa (MPD) se ocupan de realizar los concursos para cargos de juezas y jueces, fiscales y fiscales, defensoras y defensores, respectivamente, el Poder Ejecutivo recibe las ternas de las que debe elegir a una persona para remitir su pliego al Senado, que da aprobación final a la o el postulante".
La iniciativa destaca que una de las problemáticas advertidas es que el Poder Ejecutivo sigue enviando un número significativamente mayor de pliegos de varones que de mujeres para su aprobación en el Senado. "De esta manera, omite considerar el impacto que esto tiene en términos de legitimidad democrática del sistema de justicia y agrava la brecha de género en la composición del Poder Judicial y del Ministerio Público", ampliaron.
"El Poder Ejecutivo Nacional debe tomar medidas de acción afirmativa en la instancia del proceso en la que interviene para garantizar la designación de magistradas y revertir así el grave contexto actual de desigualdad, que viola compromisos internacionales y mandatos constitucionales", enfatizaron.
Algunas de las entidades firmantes son: CIJ – Asociación Civil por la Igualdad y la Justicia; Amnistía Internacional Argentina; Asociación de Abogadas Feministas de la Argentina; CEJIL- Centro por la Justicia y el Derecho Internacional; CELS – Centro de Estudios Legales y Sociales; CIDC – Centro para la Implementación de los Derechos Constitucionales; ELA – Equipo Latinoamericano de Justicia y Género; FEIM – Fundación para Estudio e Investigación de la Mujer; FUNDEPS – Fundación para el Desarrollo de Políticas Sustentables; INECIP.