04 de Noviembre de 2024
Edición 7084 ISSN 1667-8486
Próxima Actualización: 05/11/2024

ENCRUCIJADA.

 
Es la que atraviesa el proyecto de ley de delitos informáticos. Reclamado por diversos sectores, que incluyen a la propia Corte Suprema, el proyecto cuenta desde agosto del año pasado con media sanción en Diputados. Ahora en la Cámara alta, padece de una virtual paralización. Es que, al poco tiempo, en el Congreso de la SADIO (Sociedad Argentina de Investigación Operativa) del 6 de septiembre de ese año, decidieron enviar una carta a los senadores desaconsejando su aprobación. Así los legisladores, embarcados en pleno proceso electoral, aprovecharon las críticas y los apoyos –de la Cámara del Software entre otros- para justificar la demora en su tratamiento. Pero intentando desafiar el axioma de que “la justicia es lenta”, el Fiscal General Ricardo Saenz está dispuesto a convertirse en el adalid jurídico de la cuestión, sabedor que los acusadores públicos no cuentan con la legislación necesaria para perseguir el creciente delito informático promovido por inescrupulosos hackers. Más allá del almbicado fallo del juez Torres que bloqueó la persecusión penal a los intrusos del sitio web de la Corte, el reciente ataque a la página del Banco Central – el 6 de abril aparecían consignas anti USA ante los sorprendidos ojos de quien visitara www.bcra.gov.ar-, motorizó nuevamente a las autoridades a resolver rápidamente el problema del “vacío legislativo”. Es que como bien se proclama pero pocas veces se aplica, el conocimiento es la única herramienta genuina de crecimiento –la plata va y viene como dicen las tías viejas con algo de experiencia-, y el mayor problema con esta ley es que muchos de los involucrados (legisladores y jueces) no conocen a fondo de cuestiones informáticas y tocan de oído (las más de las veces desafinando). Mientras tanto los especialistas se la ven en figurillas al tratar de lidiar con intentos normativos que o permiten mucho o restringen demasiado, dejando grandes agujeros para felicidad de los hackers y poco espacio de trabajo para horror de investigadores y programadores. Se puede lidiar con casi todo, pero cuando hay ignorancia, siempre es más difícil. No cazan una, man.

SORDOS RUIDOS. De batallas judiciales y no tanto siguen escuchándose en los pasillos de Comodoro Py en torno al trascendente caso AMIA. Ya se sabe que la relación del juez Juan José Galeano con la secretaría de Inteligencia del Estado versión Miguel Ángel Toma no pasa por su mejor momento. Pasa por el peor, de hecho, y nuevos hechos lo demuestran. Esta vez, sobre el final de la corta semana laboral, los espías distribuyeron generosamente por las redacciones la información de que habían decidido “desclasificar” el informe secreto sobre la conexión internacional del atentado contra la AMIA. “Lo hicimos porque es bueno que las partes lo conozcan”, aseguraron los voceros de la casona de 25 de mayo y Rivadavia por aquí y por allá. La muletilla funcionó durante buena parte de la tarde, hasta que la información llegó a oídos de periodistas conocedores del intrincado caso AMIA, que fueron los encargados de bajar los decibeles y recordar que ya hace más de un mes, el mismo Galeano había pedido a la SIDE que desclasificara el informe tomando lo recaudos del caso para proteger la identidad de los espías. También lo pidió el Tribunal Oral que sigue el juicio a la “conexión local” del atentado. Los jueces Gerardo Larrambebere, Miguel Pons y Guillermo Gordo tienen su copia desde hace tiempo pero como es secreta no la pueden difundir. Lo mismo les sucedió, hace tiempo, con las conclusiones de la auditoria interna de la SIDE que el Tribunal quiso difundir entre las partes y obtuvo un no rotundo de Toma y su complejo staff. “La SIDE desclasifica solo lo que quiere y encima pretenden que creamos que lo hacen porque son buenos y les interesa la causa”, protestó un abogado que fustiga una y otra vez a los espías en las audiencias orales. Algo parecido piensan los jueces del TOF 3, a quienes todavía les dura el enojo porque la SIDE, con la venia de la casa Rosada, concedió que algunos agentes de medio y bajo rango sólo declararían si sus testimonios servían para demostrar la inocencia de algún acusado, cuestión que –impusieron- los jueces debían explicar por escrito. Todo un despropósito, si se tiene en cuenta que los jueces no pueden adelantar elementos que forman parte de la valoración de la prueba. Esa disputa entre el TOF 3 y la SIDE sigue abierta, aunque tiene un escenario judicial: la Cámara de Casación. La otra, la que involucra a Galeano versus los espías transita canales más reservados. Sin embargo, aparece claro que la forma en que se promocionó desde la central de espías la desclasificación del informe es una respuesta a la poca bolilla que el juez le dio en su momento a ese material y a otro, que los espías le entregaron la semana pasada y que cuenta cómo habría ingresado parte de los componentes del explosivo al país. Indiscretos con acceso al expediente aseguraron a esta columna que ese informe se parece mucho a “un cuentito” que bien podría servir para un guión de una película de espías y terroristas, pero que aporta poco y nada a la investigación.(Especial de Diariodeljuicio.com)

VESTUARIO. Es el motivo de una denuncia por supuesto contrabando que ingresó en el fuero penal económico contra Aerolíneas Argentinas. Como al parecer esta sociedad comercial, al tener todavía participación estatal se rige por la ley que obliga a esas empresas a otorgar preferencia a la compra de bienes de origen nacional, un particular la denunció por promover la adquisición de los uniformes de su tripulación aprovechando las escalas que deben hacer en Madrid. Acompaña en la denuncia el instructivo que la empresa entregó a sus uniformados, de donde surgiría el “modus operandi”: cada uno debería retirar las prendas de la sastrería en forma individual y trasladarlas consigo a Buenos Aires, donde se harán los correspondientes arreglos en caso de ser necesarios. Si bien el valor por uniforme no supera el monto requerido por la ley para que se configure el delito de contrabando, en la denuncia se propone al juez que haga el ejercicio de multiplicarlos por el número de tripulantes de la compañía. Más allá de lo que resuelva el juez Horacio Artabe –de duro carácter-, esta presentación puede ser el preanuncio de la zona de disputas en que entrará la empresa luego de que manifestara su intención de abrir su capital, de un 25 a un 30%, para pasar a cotizar en bolsa. Las cosas han cambiado, ya que después del traumático proceso de salvataje de manos de la SEPI por el 2001, la compañía ahora en manos del grupo Air Comet –un nombre bien argentino-, ya obtuvo en el primer trimestre de 2003 un superavit de casi tres millones de dólares, generado por esta Argentina post devaluación. Será por eso que todos quieren el queso.

ESO NO LO DIJIMOS. Algo molesto con la prensa se pudo ver a un integrante de la Sala I del fuero en lo Contencioso Administrativo Federal, en relación al tratamiento que en algunos medios de comunicación tuvo el fallo “Muñoz de Canevaro, Elena y otro c/ PEN Ley 2561 Dto. 1570/01 214/02”. “No puede ser, en algunos medios circuló la versión de que en nuestro fallo se decía que las personas que sacaban dinero del corralón podían seguir con los reclamos judiciales”, afirmó el juez, quien agregó que “no se por qué se hizo esta valoración del fallo, dado que esto no era lo más sustancial del pronunciamiento”. Con un dejo de nostalgia, el camarista opinó que en muchos medios los que comentan fallos son personas que no tienen mucha idea de lo están describiendo, “no están más esos periodistas de raza” aventuró el juez, remarcando su contrariedad respecto de la forma en que se publicó el fallo en donde se desestimó un recurso de apelación presentado por el BankBoston. En ese pronunciamiento, recordó el juez, “la sala sólo confirmó la cautelar de contenido autosatisfactivo decretada en primera instancia, que había ordenado devolver el 50 % de los depósitos en dólares o la cantidad de pesos equivalente a precio de mercado”. Advertido de los comentarios de su colega, otro miembro del tribunal tuvo diplomático argumento contra esos análisis que indicaban que las personas que sacaban dinero del corralón podían seguir con los reclamos judiciales: “Para nosotros era difícil entender el análisis o las conclusiones que se sacaron (en los medios), ya que en ningún momento la parte actora ni siquiera le solicitó eso a la justicia”. De a poco los jueces se van a ir convenciendo que para aventar todo tipo de malentendidos, lo mejor es publicar el fallo completo en Diariojudicial.com. Y a otra cosa mariposa.



alejandro s. williams / dju
Estimado colega periodista: si va a utilizar parte esta nota o del fallo adjunto como "inspiración" para su producción, por favor cítenos como fuente incluyendo el link activo a http://www.diariojudicial.com. Si se trata de una nota firmada, no omita el nombre del autor. Muchas gracias.

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