A tres años de la sanción de la Ley Micaela, un informe reveló que sólo cinco provincias cuentan con más del 50% de su personal judicial capacitado en género, mientras que la Corte Suprema decidió "autocapacitarse".
El "Monitoreo sobre la implementación de la Ley Micaela en los Poderes Judiciales, una mirada federal", realizado por la Fundación Micaela García, el Proyecto Generar, la Guardia de Abogadas Feministas de Argentina, Abosex, Abofem y Cladem Argentina, demostró que solo cinco provincias cuentan con la mitad de su personal capacitado en materia de género.
A tres años de la sanción de la ley que obliga a todos los poderes del Estado a capacitarse en materia de género, solo Córdoba (88%), Santa Cruz (65%), Formosa (61%), Tierra del Fuego e Islas del Atlántico Sur (56%) y Misiones (52%) completaron las capacitaciones a un porcentaje de su personal.
El objetivo del informe era conocer "la manera en la que se implementa y el grado de cumplimiento de la capacitación obligatoria en género en los Poderes Judiciales de las provincias y la Ciudad de Buenos Aires" y arrojó unos resultados alarmantes que evidenció, entre otras, una demora significativa en la implementación de la ley.
"Observamos con preocupación la tendencia del Poder Judicial de autorregularse, infringiendo el equilibrio y control entre los poderes del Estado, plasmado en nuestra Constitución Nacional", concluyó el informe.
Sobre la cantidad de cohortes o ediciones de capacitación brindadas hasta diciembre del 2021, sólo el 25% de las jurisdicciones del país ha completado al menos una cohorte: Santiago del Estero (21), Santa Cruz (15), Mendoza (13), Formosa (8), Catamarca (7) y San Luis (1).
La provincia de Entre Ríos y la Ciudad de Buenos Aires dividen su formación en tres y cuatro módulos, respectivamente. Si bien informan haber comenzado con los primeros cursos, ninguna ha completado la capacitación completa. Por lo tanto, registran cero (0) cohortes capacitadas.
Asimismo, no todas las provincias informan el grado de formación a jueces y juezas, de todas las instancias y fueros. Sólo lo informan Córdoba y Formosa, con un 93% capacitado en ambos casos, Santa Cruz, con un 89% de su magistratura capacitada, y Neuquén informa que ha capacitado al 71% de magistratura y funcionariado hasta categoría equivalente a judicatura de 1° instancia.
En algunas provincias se observa una demora significativa entre la adhesión a la ley Micaela a nivel provincial y el inicio de las capacitaciones en los Poderes Judiciales. Tal es el caso de La Rioja (24 meses), San Luis (21 meses), Catamarca (13 meses), Córdoba (10 meses) y Mendoza (9 meses). "El retardo injustificado de la implementación perpetúa la composición de tribunales sin perspectiva de género y repercute negativamente en la vida de las mujeres y las diversidades", explicaron.
Por su parte, la Corte Suprema de Justicia de la Nación decidió "autocapacitarse". Según se detalló, en el año 2020, el Ministerio de Mujeres, Diversidad y Género envió una carta al entonces presidente de la Corte, Carlos Rosenkrantz, intimando a coordinar una fecha para cumplir con la capacitación destinada a las máximas autoridades.
Como respuesta, los integrantes de la CSJN emitieron la resolución 2143/20204 , mediante la cual sostuvieron que “en el ámbito de la Corte Suprema de Justicia y del Poder Judicial de la Nación, las actividades de sensibilización y capacitación con relación a la ley 27.499 se llevan a cabo por la Oficina de la Mujer a través del Taller de Perspectiva de género y de los otros talleres y actividades diseñadas por dicha dependencia”.
"Observamos con preocupación la tendencia del Poder Judicial de autorregularse, infringiendo el equilibrio y control entre los poderes del Estado, plasmado en nuestra Constitución Nacional", concluyó el informe.