Distintas organizaciones pidieron al Estado que institucionalice un proceso de nominación a puestos en la justicia internacional. Estima que para el 2023, ocho personas del país ocuparán cargos internacionales por lo que solicitan instancias públicas, participativa y que respeten la paridad de género.
La Asociación Civil por la Igualdad y la Justicia (ACIJ), Amnistía Internacional Argentina (AIAR), el Centro de Estudios legales y Sociales (CELS), el Centro por la Justicia y el Derecho Internacional (CEJIL), y la Campaña GQUAL, enviaron al gobierno una carta para que fortalecer el proceso iniciado por Argentina para la selección de candidatos y candidatas a cubrir cargos en organismos de protección de derechos humanos.
"Las organizaciones reiteramos la importancia de contar con un proceso abierto, justo y transparente, que involucre llamados abiertos y consultas con la sociedad civil a nivel nacional en cada paso del proceso, a efectos de elegir candidatos y candidatas que reúnan los estándares más altos de independencia, imparcialidad, competencia y experiencia", explicaron.
En cuanto a la paridad de género, los firmantes sostuvieron que "la plena participación de las mujeres en los organismos
internacionales contribuye a garantizar el principio de igualdad, colabora en la desarticulación de estereotipos de género que han vulnerado históricamente los derechos de las mujeres, promueve un debate plural y diverso, avanzando en la inclusión de la perspectiva de género en los asuntos públicos".
El objetivo es que el gobierno plasme estos items en una resolución u otro tipo de norma que permita institucionalizar el proceso de selección de personas candidatas a tribunales, órganos y mecanismos internacionales y así sostener en las próximas décadas el compromiso con la transparencia, la competencia y la igualdad.
Por lo tanto, "el adecuado balance de género, además, fortalece la legitimidad de los órganos internacionales y el
impacto de sus decisiones. En particular, consideramos fundamental que los procesos de selección de personas candidatas y las decisiones del Estado de votación tengan en cuenta explícitamente el género de las personas candidatas y la composición que presenta el órgano en cuestión al momento de la nominación".
El objetivo es que el gobierno plasme estos items en una resolución u otro tipo de norma que permita institucionalizar el proceso de selección de personas candidatas a tribunales, órganos y mecanismos internacionales y así sostener en las próximas décadas el compromiso con la transparencia, la competencia y la igualdad.
Para las organizaciones resulta fundamental una instancia abierta "donde as publicaciones deben indicar de manera clara y precisa los criterios de selección para los cargos vacantes, y garantizar que los procesos de postulación estén abiertos a todos los candidatos/as que cumplan con los criterios de selección establecidos en las normas pertinentes de los órganos regionales o internacionales y los principios del derecho internacional". En este contexto, la Cancillería debería elaborar un perfil de candidato/a para el puesto, teniendo en cuenta para ello consideraciones de competencia, de igualdad, paridad en el órgano, alternancia, sus propias metas de Estado, etc.
Una vez publicados los nombres y antecedentes de las candidaturas recibidas y de las personas candidatas identificadas en una lista corta para la cobertura de la vacancia por parte de la Cancillería, el Estado deberá habilitar la correspondiente instancia de participación a fin de que los ciudadanos y ciudadanas en general, organizaciones no gubernamentales, colegios y asociaciones profesionales, entidades académicas y de derechos humanos puedan presentar, en un plazo razonable, observaciones, preguntas, comentarios sustantivos que consideren de interés en relación con las personas que se encuentren en consideración para la cobertura de la vacancia", agregaron.
Al igual que lo realizado hasta la fecha, "un elemento que contribuye a la transparencia y participación es la celebración de audiencias públicas con las personas preseleccionadas para el puesto", sostuvieron y, "sin perjuicio de que, como se ha indicado hasta la fecha, pueda priorizarse la participación de las personas ciudadanas y las entidades que se sumaran a la instancia anterior, sería importante que pueda ser transmitida de forma pública y/o que su video quede registrado y accesible con posterioridad".
En cuanto a la etapa final, una vez superado el proceso de audiencias, debería comunicarse formalmente la decisión del Estado sobre la persona a nominar. Dicho informe y anuncio debe estar justificado en los aspectos y criterios establecidos en la apertura del proceso.