Con eje en el narcortráfico, impuesto a las ganancias y otros temas candentes, la Comisión de Acuerdos del Senado retomó su actividad y comenzó a analizar los pliegos de 33 aspirantes a fiscales, jueces y defensores públicos.
La Comisión de Acuerdos del Senado de la Nación, presidida por Anabel Fernández Sagasti, comenzó el último martes a tratar en audiencia pública los33 pliegos de aspirantes a jueces, fiscales y defensores públicos enviados por el Poder Ejecutivo.
Expusieron los postulantes a defensores ante juzgados de Hurlingham y Lomas de Zamora, Alfonsina Bava y Agustín Carrique; y de Tartagal, Luis Valencia. También se incluyó a Verónica Escribano, candidata a fiscal general ante la cámara federal de apelaciones de Comodoro Rivadavia (Chubut); Elena Dilario, como jueza de cámara del tribunal oral en lo criminal federal 2 de Rosario, y Eduardo Rodrigues da Cruz, como camarista de Santa Fe.
La problemática que vive la provincia de Santa Fe se llevó todo el interés de la jornada y Rodrigues da Cruz fue consultado por el senador rosarino Dionisio Scarpin sobre "cuál es su interpretación de por qué en Rosario se triplican o cuadriplican los índices de homicidios y de los delitos de narcotráfico".
Durante su intervención, Dilario señaló que ese es "un tribunal que está sin vacancia hace casi cuatro años” y tiene “más de 200 causas en trámite” de las cuales “el mayor porcentaje son causas de narcotráfico". "Me siento capacitada, con prudencia y racionalidad, para llevar la función adelante”, sostuvo, al recordar que tiene una trayectoria de 40 años. También abogó por tener una gestión con “una justicia pronta, oportuna".
La problemática que vive la provincia de Santa Fe se llevó todo el interés de la jornada y Rodrigues da Cruz fue consultado por el senador rosarino Dionisio Scarpin sobre "cuál es su interpretación de por qué en Rosario se triplican o cuadriplican los índices de homicidios y de los delitos de narcotráfico".
El candidato contestó que "son múltiples factores: hay un nivel de violencia muy elevado en la sociedad argentina, hay un nivel de pobreza muy elevado, hay un nivel de connivencia entre algunos sectores de las fuerzas de seguridad y también las organizaciones criminales, a mí modo de ver, aprovechan algunos lugares que quedan vacíos".
Rodrigues da Cruz dijo que esta "es una situación muy compleja; abordarla implica analizar un montón de factores" y agregó que las organizaciones criminales de Rosario "tienen una disponibilidad económica que les permite hacerse de muchas cosas". "El pueblo de la provincia de Santa Fe está sufriendo, necesita respuestas inmediatas de todos los actores", enfatizó.
Para la defensoría pública ante los juzgados federales de primera instancia de Concepción del Uruguay se propuso a María José Bonifacino; como juez federal de San Francisco (Córdoba) a Pablo Montesi; como defensor público de San Martín a Alejandro Arguilea; y a Ana María Blanco, como defensora de Córdoba capital.
Integran la lista además, Enrique Baronetto, para la Cámara en lo criminal de Comodoro Rivadavia; Gastón Salmain, como juez federal de Rosario; y Paula Gorsd, como vocal de la Cámara Nacional de Casación en lo criminal y correccional de la Capital Federal.
El Poder Ejecutivo Nacional también pidió acuerdo para designar jueza en lo criminal y correccional 44 de CABA a Paula Morales; como juez 41 de CABA a Marcos Wenner; juez 31 a Sergio Echegaray y titular de la fiscalía 24 porteña a María Angeles Ramos.
Completan la lista para distintos cargos de tribunales porteños Leonardo Fillia, Pablo Zalazar Rolando Boris Vela, Gonzalo Freijedo, Mariano Juárez, María Candelaria Migoya, María Lucrecia Sammartino, Adrián Martin, Fernando Bellido, Gerónimo Santos, Germán Artola, Agustín Rivero, Mariana Salduna, Gabriel Vandemberg, Nicolás Grappasonno y Paula Marinkovic.